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El proyecto de declaración solicita al Ministerio Público- Fiscalía General del Estado, que considere esta resolución como suficiente denuncia y en consecuencia ordene la apertura de una investigación penal para individualizar a los responsables de este acto de traición a la patria, cometido por los Directores e Integrantes del Comité Ejecutivo y el Consejo de Administración- Lado paraguayo de la Entidad Binacional Itaipu. El martes de noche, la Fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez conformó un equipo de fiscales que se encargará de investigar la existencia o no de hechos punibles.
A pedido del líder de la bancada de Honor Colorado en Diputados, Basilio “Bachi” Núñez se incluyó que además de los directores, integrantes del Comité Ejecutivo, el Consejo de Administración también sean incluidos los contralores generales de la República de otros periodos.
La diputada Kattya González (PEN) indicó que el pedido tiene un andamiaje que se centra en el propio tratado donde establece la facultad de cada estado parte de perseguir y sancionar los eventuales hechos punibles o agresiones al ordenamiento jurídico nacional e internacional. “Esa es una competencia exclusiva del país en cuyo margen esté asignado el funcionario”, indicó al destacar la gestión del contralor Camilo Benítez y su equipo.
Indicó que lo que se debe refrendar es que con la complicidad de las autoridades paraguayas el Paraguay ha sufrido un perjuicio de más de US$ 4 mil millones, 2 veces y 1/4 más de lo que nos endeudamos para hacer frente al covid-19. “Esto se debió a una maniobra por parte del Brasil en detrimento del Paraguay”, indicó durante el espacio de oradores en la Cámara Baja.