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En principio, el magistrado fijó para los días 20, 21 y 22 de julio la audiencia preliminar del empresario Justo Ferreira Servín, su hija Patricia Ferreira y otros tres acusados del supuesto ingreso irregular de camas hospitalarias al país.
El despachante de Aduanas Carlos Alberto Gamarra y los aduaneros Guillermo Andrés Molinas Camp y Gustavo Adolfo Acosta Acosta son los demás acusados por el caso por el fiscal de la Unidad Contra Delitos Económicos y Anticorrupción Osmar Legal.
Los Ferreira y Gamarra fueron acusados por los supuestos hechos punibles de contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos, mientras que Molinas y Acosta por la presunta comisión de delitos señalados en el Art. 337 de la Ley 2422/04 “colaboración o complicidad de funcionarios públicos o despachantes de Aduanas”, en calidad de autores.
El juez Humberto Otazú también convocó al aduanero de visturía Mario Olmedo y el transportista Lauri Pohl, para quienes el fiscal solicita el sobreseimiento definitivo. Ambos quedan como testigos.
En el marco de la emergencia sanitaria del coronavirus, la empresa Imedic SA debía proveer al Ministerio de Salud mascarillas con filtro por G. 33.660.000.000, trajes para riesgos biológicos por G. 14.080.000.000, camas manuales para pacientes por G. 212.500.000, por un total de G. 47.952.500.000.
Sin embargo, Imedic SA trajo al país de forma irregular 50 camas hospitalarias, con la supuesta complicidad del despachante Gamarra, el 16 de abril de 2020.
El 18 de abril de 2020 arribaron a nuestro país no solamente las 400 camas solicitadas, sino 450, y la cantidad excedente (50) eran camas de alta gama (eléctricas) que no estaban previstas en los papeles. Para ello, el despachante Gamarra utilizó la Guía Aérea HKGA008325, comprobada como no auténtica.
Los funcionarios de la Dirección de Aduanas Molinas Camp y Acosta Acosta permitieron la inclusión de las citadas camas en el despacho de importación y su posterior salida, sin que las mismas cuenten con la autorización de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.
La acusación agrega que Imedic SA defraudó al fisco con el ingreso ilegal al país de las 50 camas hospitalarias de alta gama, que fueron compradas previamente de la empresa panameña Máster House por un total de US$ 142.500.