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La noticia reciente de que un grupo de 300 supuestos labriegos sintierra invadió propiedades de un productor ganadero y parte de la reserva natural privada Tagatiya Mí, en Concepción, ubicada sobre la ruta que va a Vallemí, constituye una situación muy grave y es prueba del fracaso de la reforma agraria, tal como es impulsada desde hace décadas, indicó Torales.
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Destacó que el nuevo caso es grave por que según las informaciones que se manejan en el gremio, estaría enmarcado dentro de un presunto plan de aplicar nuevamente el polémico “protocolo Filizzola”, para los desalojos, lo que estaría en línea con el planteamiento hecho por el senador Pedro Santa Cruz. (PDP), que intentó legalizar las invasiones.
El protocolo Filizzola que había sido establecido el 20 de marzo de 2012 y derogado a mediados de setiembre de 2019, tenía nada menos que cuatro fases. Con ese documento se desnaturalizaban las instituciones del Derecho Penal, como la flagrancia y las funciones otorgadas por la ley a la Policía Nacional, al Ministerio Público y a los jueces.
Clima artificial creado por políticos
Según afirmación del abogado Torales, es posible sostener que las expropiaciones de propiedades hechas en las últimas décadas, casi en su totalidad fueron y seguirán siendo un fracaso para los fines de la reforma agraria, porque no responden a una necesidad real, sino a una situación de caos generada por sectores políticamente interesados.
“El aumento de las invasiones de propiedades privadas, que se denunció desde junio pasado, está afectando reservas forestales públicas y privadas e incluso campos ganaderos. Es una situación muy preocupante que está reclamando la Asociación Rural del Paraguay (ARP) a las autoridades de control”, expresó.
El mismo explicó que actualmente es muy burocrático el funcionamiento de las instituciones de seguridad, mientras que los delincuentes, preparados, organizados y con logística, aparecen de un día para otro dentro de una propiedad privada o reserva forestal, tal como se puede comprobar en el nuevo caso de Concepción. Lamentó que los procedimientos judiciales y policiales no se estén pudiendo concretar, mientras se siguen formando precarios asentamientos en inmuebles privados e incluso parques nacionales.
UGP lo anticipó, por año electoral
Respecto a las nuevas invasiones en Concepción y en otras regiones del país, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), ingeniero agrónomo Héctor Cristaldo, dijo que la situación estaba cantada, que se vía venir con el escenario político electoral y por las iniciativas populistas de algunos legisladores.
“En año electoral aumentan las invasiones, los candidatos buscan votos con las propiedades ajenas. Desde febrero venimos avisando desde la UGP a todos los niveles sobre este escenario político”, señaló.
Remarcó que los invasores no respetan reservas ni leyes ambientales, ley de Deforestación Cero, áreas protegidas ni el Estatuto Agrario. Este último establece que no se va destinar tierras con montes para la reforma agraria.
Lamentó que 24 años después de la expropiación de unas 500.000 hectáreas en Concepción, de las 1.800.000 hectáreas que tiene el departamento, hoy esa zona es “tierra de nadie”.
“Por Antebi Cue se pagaron más de US$ 80 millones, resultando en un gran fracaso la expropiación a nombre del Estado paraguayo, para resultar en tierra de nadie y fomentar la informalidad y el trafico de productos ilegales”, expresó.