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El informe presentado el lunes por la Contraloría General de la República sobre la violación del Tratado de Itaipú que generó una deuda ilegal a Paraguay en beneficio de Brasil, con complicidad de autoridades nacionales, estimando que la deuda paraguaya con la binacional fue saldada ya entre 2014 y 2016.
El ingeniero Orlando Valdez, experto en asuntos energéticos, dijo en conversación con ABC Cardinal que la auditoría de Contraloría, que comenzó en 2009, presenta “prácticamente los mismos resultados” que ya fueron encontrados en otra auditoría que fue presentada a la Cancillería en 2012.
“No hay nada nuevo, los valores prácticamente son los mismos, los eventos cuestionados son iguales”, dijo.
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El informe de la Contraloría concluyó que el Tratado de Itaipú se violó entre 1984 y 1996, con excepción del año 1991, porque Itaipú aceptó vender a Brasil energía a menor precio que lo estipulado en el acuerdo, es decir, a menos de 17,10 kW/hora por mes.
Esto generó una cadena ilegal de deudas que asciende a más de 4.100 millones de dólares, porque Paraguay dejó de percibir miles de millones de dólares que le correspondían.
Valdez dijo que, si bien no hay novedades importantes en el informe de la Contraloría, es importante que el tema de la deuda espuria “salga de nuevo a flote” para obligar a las autoridades de Itaipú a explicar “claramente, por escrito, con números” lo que ocurrió dentro de la entidad, algo que los directivos paraguayos han evitado durante años alegando el estatus binacional de Itaipú para excusar el secretismo en sus finanzas.
El informe de la Contraloría llega en momentos en que Paraguay y Brasil se están preparando para revisar el crucial Anexo C del Tratado de Itaipú.
SECRETO EN GASTOS DE BINACIONALES
Valdez expresó también la importancia de promover la transparencia en las binacionales Itaipú y Yacyretá, no solo en torno a los llamados “gastos sociales y ambientales” que han sido el foco del debate hasta la reciente decisión de que la Contraloría tenga potestad de auditar esos fondos; sino también de los “gastos de explotación”.
“Los gastos sociales y ambientales son un poroto frente a lo que los gerentes paraguayos manejan bajo el rubro de gastos de explotación”, comentó Valdez, indicando que en Itaipú hay “una lucha de poder en el sentido de continuar con el manejo sin control” de esos gastos.