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El presidente visitó este martes la sede social de la ANDE, sobre la avenida Santísima Trinidad de Asunción. Consultado por Fiona Aquino, periodista de ABC, sobre qué opinaba o qué medidas iba a tomar sobre el informe de la auditoría hecha por Contraloría de la deuda hecha a Itaipú, respondió rápidamente que “Vamos a estudiar el documento, aún no tengo un estudio”, para luego retirarse del sitio rápidamente.
Este informe confirmó que la deuda espuria aplicada a Itaipú asciende a US$ 4.193 millones. Esto se generó a lo largo de los años por preferencias hacia el Brasil a la hora de hacer los negocios, sostuvo ayer el contralor general de la República, Camilo Benítez.
El reporte también sostiene que se benefició a Eletrobras y perjudicó a Itaipú y al Paraguay al menos desde 1984 y según las hipótesis de la Contraloría, la cuenta ya habría sido saldada entre 2014 y 2016.
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El reporte dado a conocer ayer también confirma un trato desigual a la ANDE. Ante una situación similar de incapacidad de pago (como la que aquejó al Brasil entre 1985 y 1997) y que redundó en un precio menor al establecido en el tratado, violándolo; Itaipú le financió sus facturas vencidas a la ANDE de los años 1999, 2000 y 2001 (febrero) a una tasa del 12% anual. Es decir, el trato fue abismalmente distinto.
En igualdad de condiciones, la misma alternativa de financiamiento se pudo haber dispuesto para el Brasil ante la imposibilidad de pago de la tarifa establecida en el Tratado, para así evitar transgredir lo estipulado en el mismo. Sin embargo, en ese caso se optó por una medida que generó beneficios a Eletrobras y el Estado Brasileño, añade el documento.
“Las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República (CGR), expuestas a lo largo del Informe final, demuestran claramente que todas ellas fueron en beneficio de Eletrobras y del Estado brasileño y en perjuicio de la Administración Nacional de Electricidad (ANDEI y del Estado paraguayo, a pesar de ser la Entidad Binacional Itaipú propiedad del Estado paraguayo y del Estado brasileño en partes iguales, con los mismos derechos y las mismas obligaciones”, finalizó el informe leído por el contralor Camilo Benítez ayer.