El reciente informe de Contraloría que no hizo más que ratificar el sometimiento de los intereses nacionales en Itaipú, favoreciendo al Brasil con la venia de las autoridades nacionales, tiene episodios tanto recientes como desde los inicios de la binacional.

Si bien la responsabilidad no es exclusiva de las cabezas, ya que como instancia de decisiones existe un Directorio en la administración de cada margen, y finalmente las decisiones se asumen en una instancia superior, Consejo de Administración, pocos fueron los que defendieron firmemente los intereses nacionales.

De hecho, sí hay un responsable directo de la deuda espuria que pretenden imponer en nuestro país, además de habernos esquilmado lo que realmente nos correspondía como justo pago por la energía cedida al Brasil: la dictadura de Alfredo Stroessner y el entonces director Enzo Debernardi.

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Durante su administración que fue desde mayo de 1974 a febrero de 1989, no solo se firmó el ya conocido y cuestionado Tratado de Itaipú, que impuso condiciones sumamente desiguales entre Brasil y Paraguay, sino también se aceptó la reducción de la tarifa a ser pagada por Brasil por la energía cedida de nuestro país.

La aceptación de dicha reducción -violando el Tratado- desencadenó todo lo denunciado por la Contraloría esta semana; es decir, que Paraguay no solo deje de percibir US$ 1.713 millones que le correspondía por la energía cedida por Brasil, sino que a la par le aumenten de manera espuria la deuda, que según Brasil actualmente asciende a US$ 3.856 millones. En legalidad, Paraguay ya no debe ni un guaraní como parte de dicha supuesta deuda.

Con la caída del régimen y la asunción de Andrés Rodríguez (ANR), también asumió Fidencio Juan Tardivo, de febrero de 1989 a mayo de 1991, siendo reemplazado luego por Salvador Oscar Gulino, de mayo de 1991 a enero de 1993.

En la administración de Gulino, se planteó ante el Congreso una modificación del Anexo A del Tratado de Itaipú, porque según indicaron planteaba condiciones más desfavorables para nuestro país en la administración de la Binacional. De todos modos, con el Tratado actual nuestro país ha tenido importantes obstáculos por parte de Brasil para una administración real e incluso auditar las cuentas de Itaipú.

Ya en el Gobierno de Juan Carlos Wasmossy (ANR), el breve gobierno de Raúl Cubas Grau y parte del de Luis Angel González Macchi, se designó a Miguel Luciano Jiménez Boggiano, puntualmente de enero de 1993 a abril de 2001.

Durante dicha administración, uno de los puntos más cuestionados fue cuando el Directorio Ejecutivo y el Consejo de Administración del que formaban parte Jiménez Boggiano y varios consejeros, avalaron la deuda espuria de Itaipú, la misma que actualmente está siendo denunciada por la Contraloría. Los mismos, de esta manera, dieron legitimidad al supuesto pasivo, que actualmente se comprueba que fue ilegítimamente inflada en detrimento de nuestro país.

Posteriormente, de abril de 2001 a mayo de 2002, asumió Federico Antonio Zayas Chirife, sin mayores cuestionamientos, siendo reemplazado posteriormente por Jorge Ayala Kunzle, de mayo de 2002 a septiembre de 2003, culminando así con el gobierno de González Macchi.

Pese a su corto tiempo al frente de la Binacional, Ayala Kunzle no estuvo exento de cuestionadas decisiones en detrimento de los intereses nacionales, ya que durante su administración se firmó el acuerdo, con la venia del Directorio Ejecutivo y del Consejo de Administración, que introducía el concepto de “energía garantizada” y la “excedente”. Esta última tiene un precio mucho menor.

Estos conceptos de energía garantizada y excedente recientemente se harían más conocidas públicamente con el caso del “acta entreguista” firmado durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. No obstante, antes de eso hubo otras cuestionadas administraciones, como la de Víctor Luis Bernal Garay, hombre de confianza designado por Nicanor Duarte Frutos, desde septiembre de 2003 a enero de 2008.

La administración de Bernal fue una de las más salpicadas por sospechas de corrupción, pero terminó siendo blanqueado por la Fiscalía y la Contraloría. Ramón Romero Roa estuvo siete meses al frente de la institución, de enero a agosto de 2008, culminando el gobierno de Nicanor hasta la entrega de mando a Fernando Lugo.

En el gobierno de Lugo, el primer designado fue Carlos Mateo Balmelli, que duró en el cargo desde agosto de 2008 a enero de 2010, cuando fue cambiado por diferencias con el Ejecutivo. Se hizo conocido porque durante su administración rechazó algunos pedidos de financiamiento con la frase “pague de su bolsillo”.

También durante su gestión y las de sus sucesores se firmó el acuerdo Lula-Lugo, donde Brasil se comprometía a triplicar el pago por compensación de energía cedida por nuestro país, uno de los pocos avances -aunque insuficientes- que logró nuestro país en favor de sus legítimos derechos.

Posteriormente a Mateo Balmelli asumió Gustavo Codas Friedmann, de enero de 2010 a noviembre de 2011. Finalmente, Efraín Enriquez Gamón, un reconocido defensor de los derechos nacionales e Itaipú, asumió de noviembre de 2011 a junio de 2012, cuando abruptamente culmina el gobierno de Lugo por su destitución vía juicio político.

Ya en el gobierno transitorio de Federico Franco se designó a Franklin “Anki” Rafael Boccia Romanach, desde junio de 2012 a agosto de 2013, cuando asume Horacio Cartes. Entre los puntos más recordados de la gestión de Boccia figura el caso de la “Niñera de oro” del entonces diputado Víctor Bogado, que lo involucró colateralmente, ya que le cupo responder al pedido del parlamentario.

Dicho caso terminó con la condena de Bogado, y Boccia no pudo testificar en el juicio ya que falleció antes de que el caso alcanzara dicha instancia.

Ya en el gobierno de Cartes se designó a James Spalding Hellmers, duró todo el mandato de agosto de 2013 a agosto de 2018. Su gestión pasó casi inadvertida.

Tras las elecciones generales del 2018, asume el actual presidente Mario Abdo Benítez y su primer designado en Itaipú es el cuestionado José Alberto Alderete Rodríguez, que no cumplió un año en el cargo por uno de los mayores escándalos de los últimos tiempos y que casi le costó el cargo al propio Marito: el conocido caso del “Acta entreguista de Itaipú”.

Alderete, uno de los defensores del “acta entreguista”, estuvo en el cargo de agosto de 2018 a julio de 2019, cuando estalló el caso tras una denuncia del entonces director de la ANDE, Pedro Ferreira. El cuestionado acuerdo firmado por nuestro país planteaba que Paraguay pague más caro por la energía que le correspondía, ya que Brasil pretendía obligar a nuestro país no utilizar prioritariamente la energía excedente (más barata), sino la contratada (más cara).

Tras el escándalo, asume Ernst Ferdinand Bergen Schmidt, de julio de 2019 a enero de 2021, que se retira de la institución poco en pleno proceso de los trabajo previos definir la postura paraguaya de cara a la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú que debería darse en 2023.

Fue designado en carácter de interino otro fuertemente repudiado por haber intercedido a favor del acta entreguista, Federico González Franco, estuvo en el cargo de enero de 2021 a marzo de 2021 al no lograr el acuerdo constitucional del Senado.

Lo que condenó a González fue que personalmente él intimó a Ferreira a que firmara el acta entreguista o en su defecto, renuncie al cargo. Actualmente, el director paraguayo de Itaipú es Manuel María Cáceres.