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Los diputados Kattya González del Partido Encuentro Nacional (PEN) y Édgar Acosta del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) impulsan un proyecto de declaración que pretende que la Cámara Baja se convierte en el denunciante penal ante la Fiscalía en el caso de Itaipú Binacional, tras el informe de la Contraloría General de la República (CGR) en el que se constató que se ha violado el tratado y se vendió energía a menor precio a Brasil, lo que generó una deuda de US$ 4.193 millones.
Para los legisladores es imperante que el Ministerio Público abra una investigación para determinar quiénes fueron los responsables del “entreguismo” que benefició a Eletrobras y perjudicó a Itaipú y a nuestro país.
Al respecto, la diputada Kattya González comentó que van a remitir los antecedentes del caso a la Fiscalía, como una denuncia “ordenando la apertura de una investigación penal”. Según mencionó se debe determinar quiénes fueron los responsables del “entreguismo”.
Indicó que en este caso hay responsables principales y secundarios. Insistió en que los responsables secundarios son los miembros de las distintas administraciones que no revisaron los términos del acuerdo y permitieron la continuidad de las irregularidades.
También dijo que son los consejeros de las binacionales los que deberían llevar una hoja de ruta y hacer auditorías constantes de la situación en las hidroeléctricas. Subrayó que se puede determinar quiénes fueron los autores y quiénes son los cómplices de dicha situación.
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Por su parte, el diputado liberal Antonio Buzarquis se mostró a favor de que el Ministerio Público tome intervención y abra una investigación.
“El Ministerio Público también debe tomar acciones de oficio. Estamos hablando de interés que lastimosamente no fueron cuidados, no fuero precautelados para el pueblo paraguayo”, expresó.
Recalcó que no debe haber impunidad y evitar las maniobras en detrimento de la soberanía energética de nuestro país.
En el mismo sentido se pronunció el diputado Walter Harms (ANR). Dijo que se debe determinar en que consiste la deuda, en qué términos y quién la avaló, si fue por notas revérsales o por acuerdos. También establecer quiénes eran: el presidente de Itaipú, los consejeros, el Canciller de la República, el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), entre otros que se “prestaron” para el acuerdo irregular.
Conforme al informe presentado por la Contraloría General de la República (CGR), sobre la auditoría hecha a la deuda de Itaipú Binacional, se concluyó que se violó el tratado al fijarse un precio menor por la energía eléctrica entre 1984 y 1997 en beneficio del Brasil y se generó una deuda ilegal de US$ 4.193 millones en detrimento del Paraguay.
Sobre el tema, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, solo atinó a decir que se va a analizar el referido informes.
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