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El juez de garantías Julián López había convocado recién para el martes 17 de agosto la audiencia preliminar del extitular del Ministerio Público Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, atendiendo que debido al sistema de cuadrillas implementado por la Corte Suprema de Justicia, trabajaba de forma presencial una semana y la otra lo hacía de forma telemática.
Sin embargo, por disposición del pleno de la máxima instancia judicial, desde esta semana todos los Juzgados de Garantías están trabajando normalmente, de manera presencial. En consecuencia la fiscal Natalia Silva solicitó adelantar la diligencia para Díaz Verón y su esposa, petición que fue atendida por el magistrado.
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Esta es la quinta vez que el ex fiscal general del Estado y su esposa son convocados para la audiencia preliminar, debido a las chicanas que plantear para dilatar la causa. La última suspensión se dio el pasado 30 de junio porque la defensa argumentó que competencia del juez no estaba firme debido a una acción de inconstitucionalidad planteada contra la acumulación de las causas, en el Juzgado de Garantías Nº 12 de la Capital.
Pareja no puede justificar más de G. 10.000 millones
El 13 de agosto del 2019 el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Osmar Legal, acusó por enriquecimiento ilícito a Javier Díaz Verón, y por lavado de dinero a María Selva Morínigo.
La acusación sostiene que la pericia contable reveló que la pareja no puede justificar nada menos que G. 10.495.174.320, entre los ingresos y egresos que tuvieron entre 2008 y 2017.
En el relatorio de hechos, Legal explica que los ingresos y egresos que el matrimonio tuvo año a año. El desfasaje se empieza a dar en el 2010, con relación al ex fiscal general del Estado, cuando era fiscal adjunto. Ese año tuvo más gastos que dejó un déficit de G. 277.362.657. En el 2011, otro déficit de G. 195.585.539.
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En el mes de noviembre de 2011, Díaz Verón fue nombrado fiscal general del Estado y siguió arrastrando déficit año tras año. En 2017 culminó con egresos –que no puede justificar– por G. 615.756.078.
La mayoría de los bienes fueron ocultados a través de su esposa, que fue funcionaria pública del Fondo Ganadero desde el 2008, año que concluyó con un superávit de G. 128.471753.
A partir del 2010, la acusada empezó a acrecentar el dinero con inversiones, con la creación de la sociedad Lagunita SA con acciones de G. 4.474.300.000, para la compra de ganado y obras. Otra forma de ocultar bienes fue supuestos cobros de honorarios de María Selva de G. 777.812.539, con 29 facturas. Las “inversiones” siguieron y en el 2013, María Selva tuvo un déficit de G. 5.417.194.422 y así sucesivamente.