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Poco después de iniciarse la sesión ordinaria del Senado en la fecha, la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu), titular saliente de la Comisión de Presupuesto, pidió postergar el tratamiento del proyecto durante una semana.
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La legisladora admitió que ella y sus colegas no tuvieron “tiempo” de atender o dictaminar sobre el pedido de “Tratamiento de Urgencia” solicitado por el Ejecutivo para analizar este proyecto.
Otros parlamentarios dijeron también que el proyecto es complejo y que además se debe esperar que las comisiones asesoras elijan nuevas autoridades y miembros.
Según el artículo 210 de la Constitución Nacional, el tratamiento de urgencia remitido por el Ejecutivo debe ser analizado en menos de 30 días. Sin embargo, el pleno levantó esta condición constitucional mediante una votación con 30 votos a favor (mayoría de dos tercios).
Posteriormente se aprobó el aplazamiento por mayoría.
US$ 365 millones
El Proyecto de Ley, “que establece medidas transitorias de Consolidación Económica y de Contención Social, para mitigar el Impacto de la Pandemia”, se trata de un paquete remitido por el Ejecutivo de US$ 365 millones para desarrollar y dar continuidad a programas sociales y otros.
De la cifra, unos US$ 262 millones van a Salud y Programas sociales; US$ 45 millones al IPS; US$ 8 millones a exoneración de servicios básicos, US$ 20 millones a Mipymes; US$ 25 millones al Fogapy; US$ 3 millones a la SEN y US$ 2 millones a subsidios a trabajadores independientes.
Esta ley requerirá, finalmente, de US$ 365 millones, de los cuales se prevé que US$ 25 millones provengan de nueva deuda; US$ 90 millones de reasignaciones del Presupuesto General de la Nación (PGN) y los restantes US$ 250 millones de un aporte que haría Fondo Monetario Internacional (FMI) en julio.