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La senadora Esperanza Martínez, una de las proyectistas, relató que existe una serie de cuestionamientos con la creación de una “nueva modalidad” de explotación de tragamonedas en sitios no exclusivos de juegos de azar, autorizada por los integrantes de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Ortiz Báez, el 8 de octubre pasado.
Se trata de la Resolución N° 34/2020 con el cual se busca regularizar 50.000 máquinas tragamonedas del país que son explotadas en comercios no exclusivos de juegos de azar, tales como despensas, bodegas, bares, restaurantes y otros. La senadora consideró que dicha cifra es alejada de la realidad, además, según dicho documento, el objetivo es supuestamente poner fin al juego clandestino y cobrar el canon correspondiente, además de proteger a los niños de caer en la ludopatía, aunque los mecanismos para cumplir ese fin son poco claros.
“La interpelación implica requerir para dar explicaciones sobre algo, y dentro de este espíritu es que con los colegas hemos suscripto las preguntas”, afirmó Martínez. Recordó que en una ocasión anterior, Ortiz ya fue cuestionado por la concesión del juego de azar de la Quiniela, que también reportó “una serie de situaciones que no han sido muy claras”, acotó, y resaltó que en ambos juegos se prevé una ganancia muy importante además de la competencia jurídica, institucionalidad y la obligación de proteger a los niños.
Uno de los aspectos más críticos es que el contrato para la “legalización” de las máquinas se otorgó de forma directa, sin concurso, a la empresa iCrop SA (representada por Ariel Peña), de la cual poco o nada se sabe, ya que no existen referencias comerciales ni experiencia comprobable. La misma tiene atribución para subcontratar “agencias” que le representen en el país, sobre las cuales también se desconoce sus referencias.
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Conajzar otorgó a la firma representada por Peña la obligación de censar y catastrar y también le permite explotar el negocio de tragamonedas. Es decir, se convierte en juez y parte, conforme se puede apreciar en la Resolución N° 34/2020 de Conajzar.
En el marco de estas gestiones, la firma obliga a los comerciantes del rubro a someterse al catastro y pagar por cada máquina entre G. 300.000 y G. 450.000 al mes, hasta tres aparatos en cada local. De ese monto, sólo lo correspondiente a un jornal mínimo (G. 88.051) será destinado al Estado en concepto de canon. En caso de no legalizar su negocio, se considera como actividad clandestina y el explotador se expone a ser procesado por el Ministerio Público y que su máquina le sea incautada.
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Existen denuncias de la falta de transparencia en las gestiones, de hecho, ni la propia Conajzar responde las dudas de las municipalidades con relación a la ley que le otorga autonomía para el cobro de canon a las comunas. Tampoco existe evidencia de un control a las gestiones de la firma ni de que Conajzar aplique un sistema de prevención de lavado de dinero en esta modalidad, conforme a la Resolución N° 258/2020 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Bienes),expuso la senadora.
El senador Juan Carlos Calaverna calificó de corrupto al presidente de Conajzar y por este motivo afirmó que acompaña el pedido de interpelación. “La Conajzar ha tenido picos de corrupción con el tema de Apostala”, dijo, aunque aclaró que ese caso en particular no se dio durante la gestión de Ortiz. Insistió en que con el caso de la Quiniela, comentado por Martínez, con el padrinazgo de “gente de más arriba”, Ortiz consiguió adjudicar a una empresa deudora del fisco y que estafó a veteranos de la Guerra del Chaco, “entre otras perlitas”.
Con relación a las “famosas maquinitas”, expresó que conversó con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para exteriorizar su preocupación relativa al festín de la corrupción. “(Abdo Benítez) me había contestado que remitiría el caso a la Secretaría de Anticorrupción, y espero que ahí no se haya metido en el congelador como tantas otras denuncias”, dijo.
El senador Stephan Rasmussen indicó que existen muchas pruebas de que no se cumplieron leyes ni lo establecido en la Constitución Nacional e increíblemente el titular de la institución sigue en el cargo. “Es importante para la democracia la posibilidad de hacerle preguntas al presidente de la Conajzar”, destacó.
