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El juez especializado en delitos económicos José Agustín Delmás elevó a juicio oral la causa del intendente de Arroyito Samuel González Valdez, acusado de lesión de confianza con el dinero del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
El jefe comunal, quien fue declarado en rebeldía y tenía orden de captura por no haber comparecido la semana pasada para la audiencia convocada por Delmás, se presentó ayer ante el Juzgado de Garantías, acompañado de sus abogados. Se llevó a cabo la preliminar, el magistrado atendió el pedido del fiscal Osmar Legal y elevó a juicio oral la causa.
Según la acusación del fiscal de la Unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción, González Valdez ejecutó cuatro obras con recursos del Fonacide junto a otras cuatro más, con fondos provenientes de los royalties.
Estas obras fueron verificadas por la Contraloría General de la República, en cumplimiento de la orden del Ministerio Público, y se constató que del total de obras fiscalizadas, cinco de ellas fueron abonadas conforme a lo contratado por la comuna de Arroyito, a las actas de recepciones definitivas y a las órdenes de pago.
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Sin embargo, las construcciones no fueron ejecutadas, según las verificaciones in situ y las diligencias que llevó a cabo el agente. Debido a esta situación, el fiscal Osmar Legal comprobó que hubo connivencia entre los procesados en la causa, quienes en conjunto ocasionaron un perjuicio patrimonial de G. 709.600.000.
Beneficiados con salidas procesales
De los seis acusados por el Ministerio Público en la causa, solo el intendente González va a juicio oral, ya que los procesados Martín Dávalos Carmona, Claudio Bartolomé González y Alen Elpidio Cardozo se sometieron a un procedimiento abreviado, admitieron el hecho y fueron condenados a 2 años de pena con suspensión a prueba de la ejecución de la condena.
La salida procesal fue solicitada por la defensa y el fiscal Osmar Legal se allanó al planteamiento. Como reglas de conducta, los beneficiados tienen prohibido salir del país y prohibido cambiar de domicilio sin dar aviso al juez, y están inhabilitados para el ejercicio de la función pública.
Como reparación del daño ocasionado, los mismos deberán donar mensualmente la suma de G. 2 millones, al Hospital de Concepción, durante dos años.
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El procesado Silvano Ortiz obtuvo el sobreseimiento provisional; mientras que la funcionaria municipal Estela González de Sánchez, quien se presentó la semana pasada para la audiencia, también se sometió al procedimiento abreviado y fue condenada a 2 años con suspensión a prueba de la ejecución de la pena.
El único que sigue en estado de rebeldía y con orden de captura es el acusado Lino Ozuna Fernández, uno de los contratistas encargado de las obras.