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La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) decidió censar las máquinas tragamonedas que operan en el país en locales que no son de juegos de azar, mediante una empresa privada, con el fin de regularizar su uso. Sobre esto, la Cámara Baja decidió pedir informes a diversas instituciones involucradas en el censo.
La solicitud de informes fue propuesta de los diputados Tito Ibarrola y Carlos Rejala y piden, entre otros requerimientos “la resolución, con los antecedentes que sirvieron de base para la regularización de las máquinas tragamonedas; el proyecto presentado por la empresa iCROP S.A; así como el contrato firmado entre ambas partes, para el censo de máquinas; los avances del registro realizado por la firma; y los mecanismos de control a concesionarios para evitar el acceso de menores de edad a los juegos de azar”.
También solicitaron informes al MIC y la Dirección de Aduanas sobre las acciones desarrollas en conjunto con la Conajzar en lo referente a acuerdos y compromisos hechos para la importación, exportación, ensamblaje y comercialización de tragamonedas.
Además, se aprobó un proyecto de declaración por medio del cual se insta a la Comisión Nacional de Juegos de Azar, a “implementar mecanismos de protección a través de los medios de comunicación estatal”.
Dichos mecanismos deberán advertir sobre las consecuencias nocivas que traen consigo las máquinas electrónicas tragamonedas.
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La empresa iCrop SA, contratada de forma directa por Conajzar para censar, catastrar y explotar máquinas tragamonedas del país, fue cuestionada por aparentemente ser una empresa inventada o “de maletín”.
Después de semanas de buscar su sede, finalmente un equipo de ABC fue recibido en una oficina ubicada en el límite entre Asunción y Mariano Roque Alonso, en una dirección que no figura en los registros oficiales. Directivos dieron la cara y afirmaron que operan con total legalidad, aunque persisten preguntas sin responder y dudas que no fueron aclaradas.