Ayer, 11 concejales departamentales —10 colorados y un liberal— impidieron la intervención de la Gobernación de Central para la investigación del caso de facturas supuestamente falsificadas para la rendición de los gastos de una transferencia de US$ 1.000.000 que la entidad recibió como parte de los fondos de emergencia por el COVID-19.

De esta forma, estos ediles blindaron al gobernador Hugo Javier González, cuya administración no solo habría presentado facturas falsas en una primera rendición, sino que luego, tras las denuncias en los medios, las habría cambiado por otras para “blanquearse”, según una denuncia hecha por la Secretaría de Estado de Tributación (SET) y la Secretaría Anticorrupción.

Roque Ávalos, del Partido Liberal y uno de los concejales que votaron a favor de la intervención, conversó este jueves con ABC sobre lo ocurrido en la sesión de ayer y prometió que se insistirá con este pedido y que “tarde o temprano” se va a conseguir la medida. Aseguró además que “hay indicios suficientes de corrupción” no solo en el caso de la transferencia de los US$ 1.000.000, sino también en otros.

“Hay varias cosas más, hay otros G. 21.000 millones, faltan otras documentaciones. Sin exagerar vamos pedir 10 a 20 veces también la intervención”, dijo Ávalos, quien notó, sin embargo, que de 7 votos opositores sumaron ayer 10, lo cual consideró un buen indicio para lo que podría suceder a futuro.

Lea más: Un amarillista y colorados salvan al gobernador de Central de intervención

El edil liberal criticó también la lentitud de la Fiscalía y la Contraloría dentro de este caso y desestimó que se trate de una persecución política o una situación con tinte similar, comparando el caso con un simple robo a las arcas de la Gobernación. En ese sentido, dio a entender que Hugo Javier es un ladrón. “Estamos hablando de un ladrón, así de sencillo es”, lamentó, al tiempo de remarcar que insistirán con otros pedidos de intervención.

Lea más: Titular de ONG habría usado empresa que representa para rendir fondos

Quienes blindaron a Hugo Javier con el fundamento de que no existe un dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) para una intervención fueron los concejales colorados cartistas Derlis Maciel, Alejandro Núñez, María Sixta Estigarribia, Enrique Ojeda, Esmilse Bobadilla, Crispín Vallejos y Walter Maciel, además de los abdistas Jadiyi Ibarrola, Gustavo Machuca y Óscar Delvalle, con el apoyo del presidente de la Junta Departamental, Mario Aguilera (PLRA, del equipo del destituido senador Dionisio Amarilla).

Lea más: Evidencias apuntan a intento de “blanqueo” en Gobernación, dice titular de la SET

La denuncia fue presentada el 8 de julio pasado por la Secretaría Anticorrupción y la SET sobre el uso de facturas falsas en la rendición de G. 6.382 millones (US$ 1.000.000 al cambio de finales del año pasado).

El dinero transferido por el Poder Ejecutivo en el marco de la ley de emergencia por el COVID-19 fue repartido a su vez por González Alegre a la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidida por Tadeo Álvarez, que recibió G. 5.105 millones, y al Consejo Regional de Salud, con G. 1.276 millones.