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Los diputados necesitaban 41 votos para sancionar en la fecha su versión de la modificación de los artículos 10 y 39 de la Ley Nº 5.876/2017 De Administración de bienes incautados y comisados, pero solo alcanzaron 32 votos. De esta manera, quedó sancionada la propuesta del Senado y ahora pasa al Ejecutivo para su análisis.
La ley sancionada establece que la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) será la encargada de administrar los bienes.
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Senabico podrá “asignar y supervisar el uso provisional de los bienes incautados, a las instituciones dedicadas a la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero y la criminalidad organizada, organizaciones de la sociedad civil debidamente acreditadas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS) y que administren o dispongan de centros de prevención, tratamiento y rehabilitación de personas drogodependientes, a través de convenio de cooperación interinstitucional. Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales beneficiadas deberán hacer las previsiones presupuestarias en cada ejercicio fiscal para asignar los recursos para el aseguramiento, mantenimiento, preservación y cualquier otro gasto”, expresa el inciso f del artículo 10.
En el artículo 39 menciona que en el caso de los vehículos, aeronaves, inmuebles y otros podrán ser depositarios de preferencia las instituciones relacionadas con la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y el crimen organizado, para garantizar su estado de conservación y mantenimiento. Y también las organizaciones de la sociedad civil debidamente acreditadas por el MSPyBS que tengan como fin prevención, tratamiento y rehabilitación de personas drogodependientes.
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Los diputados eliminaron a los centros de rehabilitación del uso de los bienes, y plantearon una distribución de las ganancias que genere la administración de los bienes comisados por parte de la Senabico, destinando la totalidad al Tesoro Nacional, y de ahí, distribuir 50% para la Secretaría Nacional Antidrogas; 20% para Tesorería; el 30% para Centros de Adicciones, Seprelad y Senabico, y el 5% para la Policía Nacional, pero no prosperó.