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Los concejales de la ANR (Partido Colorado) Derlis Maciel, Gustavo Machuca, Alejandro Núñez, María Sixta Estigarribia, Enrique Ojeda, Emilse Bobadilla, Crispín Vallejos, Walter Maciel, Jadiyi Ibarrola y Óscar Delvalle, además del liberal Mario Aguilera - presidente de la Junta Departamental -, votaron por el rechazo del pedido de intervención a la administración del gobernador Hugo Javier González (ANR).
Sorpresivamente, los concejales del opositor PLRA (Partido Liberal Radical Auténtico) Jorge Rolón y Atilio López, al igual que el edil Miguel Villagra del Partido Patria Querida, votaron a favor del pedido de intervención formulado por los liberales Benita Jara, Laura Moreira, Roque Ávalos, Derlis Larroza, Daniel Ferreira, Dilio Ortiz y Adrián Vaesken.
Miembros de la bancada colorada de la Junta argumentaron que la Constitución Nacional avala su decisión, y que se necesita primero un dictamen final de la Contraloría General de la República que afirme que se cometieron hechos de corrupción para pedir una intervención.
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Restaron importancia a la denuncia de la Secretaría Nacional de Anticorrupción y la Subsecretaría de Estado de Tributación.
La concejal María Sixta Estigarribia, del movimiento Honor Colorado de la ANR (liderado por el expresidente Horacio Cartes), al que también pertenece el gobernador González, dijo que es “una casualidad” que el escándalo haya estallado antes de las elecciones municipales de octubre.
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Estigarribia dijo a sus colegas liberales que “ganen el juego en la cancha y que no intenten entrar por la ventana”, y afirmó que “este gobierno departamental” saldrá “por la puerta grande”.
Cabre recordar que la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) ganó notoriedad en los últimos días luego del escándalo de facturas clonadas para rendir G. 6.382 millones (US$ 1.000.000 al cambio de finales del año pasado) transferidos por el Poder Ejecutivo a la Gobernación de Central, a cargo de Hugo Javier González, en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19.
Desde la gobernación de usaron facturas clonadas para justificar el millonario dinero público destinado para afrontar la pandemia.