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El expresidente de la ANDE, Ing. Pedro Ferreira, y el empresario Francisco Griño fueron procesados por el juez Rolando Duarte, por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, además de apropiación y declaración falsa.
Según la imputación presentada por la fiscala Stella Mary Cano, hubo una separación de intereses dentro de la empresa T&C SA respecto a la decisión de emisión de acciones y en cuanto a la supuesta apropiación del pago mensual que le correspondía como vicepresidente de la firma a Julio Ramón Lesme por casi G. 3.000 millones.
La imputación refiere que la denunciante Ana Brun, esposa de Julio Ramón Lesme y también accionista de T&C SA, afirmó que Griño y Ferreira justificaron estos pagos con facturas y documentos falsos presentados en la Subsecretaría de Estado de Tributación. Sin embargo, no hicieron las transferencias que debían a los ahora denunciantes.
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La denunciante agregó que, además de pedírseles factura a crédito y no cobrar su esposo los salarios que le correspondían (cerca de 10 pagos que totalizaron G. 2.753 millones), tampoco percibieron el dinero por las utilidades de la empresa entre 2018 y 2019, una suma que asciende a G. 17.536 millones, por lo que el perjuicio para el matrimonio Lesme–Brun ascendería a G. 20.289 millones.
El Ministerio Público sostiene también que Ferreira habría falsificado un documento de trabajo en connivencia con Griño para una licitación hecha en 2017 que lo ubicaba como “jefe de Obras y encargado de la empresa T&C SA” desde 2017 hasta 2020, los mismos años en que fue decano de la Facultad de Ingeniería de la UNA o presidente de la ANDE, institución en la que estuvo hasta julio de 2019, por lo que habría una “obvia incompatibilidad” en sus funciones públicas y privadas, además de la falsificación del documento para una licitación.
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La fiscala Cano solicitó al Juzgado de Garantías que imponga medidas alternativas a la prisión para ambos procesados. Dicho requerimiento será analizado por el magistrado Rolando Duarte en la audiencia de imposición de medidas cautelares.