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El suceso de violencia que aconteció con el productor agrícola Jair Weber la semana pasada genera mucha preocupación en el sector productivo, dijo Torales. Weber, al realizar una recorrida rutinaria en la zona ocupada de su propiedad, en la jurisdicción de Tembiaporá, Caaguazú, recibió un impacto de un proyectil de arma de fuego en la parte trasera de su vehículo y la bala quedó incrustada en una parte del habitáculo, a pocos centímetros de donde se localiza la cabeza del conductor.
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El disparo realizado desde las carpas de supuestos sintierra hacia el automotor de Weber traspasó el parabrisas trasero en dirección a la parte superior del cuerpo del conductor y por suerte no causó daño que lamentar, pero significa que criminales disfrazados de invasores estarían utilizando la lucha campesina con otros fines que no son agrarios.
Acorde con la explicación, ante la ausencia del Estado y sobre todo de las Fuerzas Públicas en esa zona, así como en otros lugares, el temor del gremio de la ganadería es que cuando se produzcan acontecimientos similares, los productores agropecuarios emprendan la defensa de la integridad personal, respondiendo con la misma proporción a la violencia provocada. Esto podría generar hechos lamentables, que al final terminarían siendo utilizados como emblema político por parte de sectores y de los grupos campesinos.
Según el reporte, los supuestos sintierra se encuentran ocupando parte de unas 3.000 hectáreas de tierras de la colonia Guahory de este distrito, parte de las cuales son propiedad de Jair Weber, cuyo vehículo fue baleado.
Las tierras de Guahory son de alto valor agrícola, porque están en la cuenca del lago Yguazú y son altamente productivas, aún en épocas de sequía. Con la valoración actual, costarían más de US$ 20.000 por hectárea y los campesinos no quieren saber nada de tierras que les fueron ofrecidas en otras zonas, muy similares desde el punto de vista edafoclimático (suelo y clima), donde bien podría desarrollar la reforma agraria, en caso que el interés fuese sincero.
El caso de Guahory es un conflicto que empezó aproximadamente en 2011, una orientación xenofóbica, antisojera y anti soja transgénica, inicialmente con la invasión de 200 hectáreas en Tembiaporã, con el ingreso de campesinos armados a las tierras privadas de agricultores paraguayos, que son pobladores nacidos en la zona, pero son de origen brasileño, porque sus padres emigraron a nuestro país entre los años 1970 y 1980, razón por la cual se los endilga de “brasiguayos”. Los mismos tienen títulos de tierras que les fueron entregadas con todas las prerrogativas de las leyes paraguayas, por el Instituto de Bienestar Rural (IBR), predecesor del Indert.
Las tierras de Guahory fueron invadidas con apoyo del partido Frente Guasu y de la Federación Nacional Campesina, y desde ese tiempo vienen siendo cultivadas por los mismos campesinos invasores, contradictoriamente, con soja transgénica, maíz transgénico y trigo, tal cual lo hacían los colonos que poseen los títulos.
El año pasado, los ocupantes de las tierras ocupadas y los propietarios de los mismos iniciaron negociaciones con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en el marco de una carta de oferta para la vuelta a vender al Estado de unas 220 hectáreas que el Estado había entregado, pero no hubo acuerdo en el precio.
Conflicto con matiz de lucha de clases
En el desarrollo de los hechos en Guahory, desde el 2011 se empezaron a producir variados acontecimientos de violencia y diversas propuestas de solución que no fueron aceptados por los campesinos. Una de ellas fue el ofrecimiento de tierras en la colonia Teko Pyahu, de Yhú, que hasta se entregaron a algunos que aceptaron, pero los líderes de los invasores lograron convencer a un grupo a empecinarse en rechazar la oferta, lo que no logró destrabar el conflicto.
El 13 abril de este año la actual administración del Indert, de Gail González Yaluff, informó que el ente decidió hacer una contrapropuesta a los propietarios de las tierras privadas invadidas por los campesinos, ofreciendo pagarles G. 39 millones por hectárea, lo que podría sentar un grave precedente para “expropiaciones” por vía de la excepción, convirtiendo al Indert en una simple inmobiliaria, lo que generó la fuerte oposición de los principales gremios de la producción, ARP, UGP, entre otros.
¿Quiénes financian la ocupación?
Las presunciones, según publicaciones previas en nuestro diario, serían que los supuestos responsables, en segunda o tercera línea, de sostener financieramente las ocupaciones en Guahory serían dos personas, Edgar Antonio Gómez y Diosnel Espinoza, quienes según los datos obtenidos serían grandes productores de bananas del distrito y quienes, a la vez, darían un pequeño salario a los invasores para poder usar las tierras a su gusto, según las publicaciones de medios de prensa. Durante el año pasado los invasores cosecharon 300 hectáreas de trigo, 500 hectáreas de maíz y 800 hectáreas de soja en el predio ocupado.