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Justamente, el martes último, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, designó a través del Decreto Nº 5.616 a los abogados Eduardo Silva Romero (colombiano) y José Manuel García Represa (español) como representantes del Estado en el arbitraje de la fracasada obra. Estos profesionales acompañarán al procurador general de la República, Juan Rafael Caballero en la defensa de los intereses del Estado en esta demanda que fue promovida por Mota Engil.
Ambos expertos forman parte del grupo francés Dechert LLP, que fue adjudicado en diciembre del año pasado por el titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Arnoldo Wiens, para que brinde los servicios de una “asesoría” y “representación” en este caso. La adjudicación se concretó el 4 de diciembre, el mismo día de la apertura de ofertas (contratación por vía de la excepción).
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El grupo con sede en París cobrará US$ 3,6 millones (G. 23.809 millones) por ofrecer este servicio y el MOPC ya le desembolsó un poco más de US$ 2 millones (G. 13.873 millones), según los registros de la Dirección Nacional de contrataciones Públicas.
A parte de asesorar en el arbitraje contra Mota Engil, Dechert LLP también debe asesorar en otro proceso contra la firma Serviam SA Sucursal Paraguay (con matriz en Uruguay), que también demandó al Estado en el extranjero, por obras fallidas de la ruta PY09.
Este millonario gasto, que tiene financiación de recursos del Tesoro, se realiza a pesar de que tanto la Procuraduría como el MOPC tienen un “ejército” de abogados en sus diferentes direcciones, justamente para atender este tipo de casos, pero al parecer no son suficientes, y optan por seguir dilapidando recursos.
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Procurador en silencio
Abc intentó contactar con el procurador Caballero, para consultarle sobre la situación actual del arbitraje, pero llamativamente evita responder las dudas. Vale recordar que este arbitraje internacional “ad hoc” al que recurrió la empresa portuguesa Mota Engil sigue su curso y en diciembre del año pasado le tocaba al Estado paraguayo demandar a la firma portuguesa ante el mismo tribunal que fue conformado, por lo que “la asesoría de expertos era fundamental”, defendieron en su momento.
Sin embargo, nada se sabe hasta ahora de cómo quedó el proceso y en la Procuraduría mantienen con total hermetismo este tema.
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Mota reclama US$ 25 millones
El arbitraje entre Mota Engil y el Estado Paraguayo se lleva adelante bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi), también denominada Uncitral, por sus siglas en inglés. El proceso tiene como sede Asunción, aunque Mota Engil buscó en su momento que se desarrolle en Chile, violando el contrato. Mota reclama en este proceso US$ 25 millones por los supuestos daños que le causó el metrobús, pese a que ya cobró US$ 30 millones, pero no avanzó ni la mitad del plan. El Tribunal se conformó el año pasado.