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El Consejo de Administración de Itaipú, cada año aprueba el uso de aproximadamente US$ 3.300 millones, dijo Penayo, por lo que cuestionó que doce personas (el total de consejeros) decidan lo que para el Paraguay es casi 1/4 de su presupuesto anual. “Es decir, es un patrimonio común, del que la mitad le corresponde al Paraguay, es por eso que tenemos que saber por qué deciden lo que deciden, cuáles son sus argumentos y cuáles son los sentidos de sus votos”, refirió.
Consideró que a esta altura “es intolerable en un sistema republicano lo que hoy hacen los consejeros de Itaipú. Ellos deciden qué es legal y qué no es legal, bajo el pretexto del patrimonio binacional”.
Penayo recordó que la SCP no pidió las actas de las reuniones del Consejo de administración de la entidad, que según sus integrantes forman parte del patrimonio binacional y que por esa razón no se las puede dar a conocer. “Esa es una falacia de Itaipú lado paraguayo; les pedimos que un consejero, por escrito, nos diga qué fue lo que trataron y cómo votaron cada uno de los consejeros paraguayos”, aclaró.
Aseguró que para responder de forma favorable al pedido que habían realizado a la Itaipú, se requería la mera voluntad de los consejeros. “Si quisieran, fácilmente podrían informar acerca de lo que tratan, qué argumentan y más todavía cuando ahí no hay ninguna cuestión de seguridad del Estado”, apuntó.
Debido a que la Itaipú Binacional, lado paraguayo, pidió al juez José Guillermo Trovato que envíe a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el pedido de amparo de la Sociedad de Comunicadores del Paraguay (SCP) para acceder a información relativa a los consejeros paraguayos de la entidad, Penayo significó que el magistrado tiene ante sí “una decisión histórica que tomar”. “El juez debe desestimar el pedido de elevar a la Corte Suprema de Justicia el pedido de inconstitucionalidad y resolver él mismo, porque él tiene la responsabilidad del control institucional”, agregó.
Para el titular de la organización de comunicadores, lo que se pide es que se aplique el Art. 28 de la Constitución Nacional, que tiene su Ley reglamentaria, que es las 5282. “Caso contrario, que eleve la petición de Itaipú a la Corte Suprema de Justicia, me parecería pertinente que se constituya el pleno de la CSJ, no solamente la sala constitucional, por la envergadura de este tema. Queremos que ese día, como lo vienen haciendo habitualmente, se transmitan las argumentaciones de cada miembro de la CSJ”, dijo.
Para Penayo, lo que se decida no es una cuestión con la Sociedad de Comunicadores del Paraguay, sino con con siete millones de paraguayos, que tienen el derecho a acceder a la información. “Nosotros somos un apéndice sin importancia, no es con nosotros el tema, es con la ciudadanía paraguaya”, advirtió.
Lo solicitado
La SCP pidió a la Itaipú información sobre la cantidad de sesiones ordinarias y extraordinarias, pedido que sí atendió. También pidió un informe de los consejeros paraguayos sobre cómo argumentaron en las reuniones del Consejo de Administración y cómo votaron en las sesiones desde agosto del 2018.
Plantearon además que se transmita en directo la intervención de los consejeros paraguayos durante las reuniones del organismo y, posteriormente, convoquen a una conferencia de prensa. “No queremos comunicados institucionales como el que hicieron hace poco, en el que es el área de comunicación el que se encarga de decirnos lo que ellos quieren, de lo que se trató. Queremos que se hagan conferencias de prensa, para que cualquiera tenga la posibilidad de escuchar, y si tiene alguna duda, preguntar y repreguntar. Ellos tienen la responsabilidad de rendir cuenta por ese dinero que administran”, finalizó.