Cargando...
Ayer, tanto la SET como la Secretaría Anticorrupción hicieron una denuncia contra personas innominadas porque detectaron que las facturas presentadas inicialmente por la Gobernación de Central para rendir sobre US$ 1 millón que se le dio a través de los fondos de la Ley de Emergencia por el COVID —que fueron denunciadas como documentos falsos por las propias empresas que figuraban en estas— fueron cambiadas por otras en un caso en el cual el propio titular de la SET admite como “intento de blanqueo”.
Para una explicación más sencilla, la Gobernación rindió cuentas con unas facturas, pero, al denunciarse estas como falsas, las cambió por otras para “regularizar” la situación. Toda esta operación se hizo a través de una ONG llamada Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), que recibió el permiso de la Gobernación para ejecutar el dinero que teóricamente estaba destinado para obras y contención de la situación de emergencia por el COVID.
Lea más: Gobernación de Central habría suplantado facturas falsas para justificar gasto de US$ 1 millón
Orué conversó con ABC Cardinal este viernes sobre el caso y recordó que la investigación arrancó de oficio hace más de un mes por las publicaciones que se hicieron en torno a estas facturas presuntamente fraguadas y por las denuncias de las empresas mencionadas en ellas, que afirmaron no haber prestado nunca servicio a la Gobernación ni a la ONG.
Lea más: Califican de “grosero” el reemplazo de facturas falsas en Central
Desde entonces, la Fiscalía arrancó una tímida investigación de la mano del fiscal Rodrigo Estigarribia, que aseguró ayer haber hecho consultas a la SET pertinentes al caso. Cabe recordar que el Ministerio Público está encabezado por Sandra Quiñónez, muy allegada al cartismo.
Lea más: Fiscal afirma que caso de facturas clonadas en gobernación ya se inició en junio
Orué explicó que, en estas nuevas facturas presentadas, llamativamente las empresas mencionadas en estas aseguraron haber prestado servicios a la Gobernación. Sin embargo, las evidencias de las otras presentadas inicialmente quedaron en Contraloría y en la Secretaría Anticorrupción. “Se trata de facturas (las nuevas) con montos iguales (a las primeras), pero de empresas diferentes. Ya no estaban las facturas que estaban primeramente como clonadas”, explicó.
Para llegar a esta conclusión, desde la SET se entrevistó a entre seis y ocho empresas. “Hay mínimamente inconsistencia en la rendición de cuentas. A mi parecer —y de esto me hago cargo yo— parece un ‘blanqueamiento’”, sentenció el viceministro de Tributación.
Se quiere minimizar importancia
Orué lamentó que el argumento de los políticos implicados en el caso es que las facturas no son importantes y que solo se trata de una “cuestión documental”, al tiempo de pedir la intervención de los organismos que deberían actuar para controlar las obras supuestamente hechas.
“Se quiere minimizar la importancia de las facturas para la prestación de un bien (…) El punto acá es que se quiere minimizar diciendo que es una cuestión documental, pero esto es gravísimo. Esta es plata que vino para hacer frente al COVID, para dar mano de obra. Estamos hablando de dinero de todos los paraguayos, no es dinero privado. Eso es lo más importante que la gente tiene que saber. Hay que transparentar el uso de fondos”, concluyó.
Lea más: Hugo Javier: “Me pongo a total disposición del Ministerio Público”
Por su parte, el gobernador de Central, Hugo Javier, volvió a asegurar que todas las acciones que tomó con el dinero que recibió fueron transparentes y que las obras se hicieron, tal como lo hizo cuando se presentaron las primeras facturas, supuestamente clonadas. En esa ocasión también había dicho que todo estaba en orden.