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El intendente municipal de Carapeguá, Luciano Cañete (ANR), había dictado una resolución en contra de la disposición de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), pero ahora firmó una nueva, a través de la que cede a Conajzar. Por eso, trabajadores que explotan los juegos de azar, específicamente las máquinas electrónicas de tragamonedas, protestaron esta mañana contra esta última decisión de Cañete y lo hicieron frente a la sede carapegueña de Conajzar.
Los manifestantes se oponen a la regulación de los aparatos electrónicos que son explotados en locales no exclusivos de azar, al menos en las condiciones actuales, en las que Conajzar contrató a una empresa privada para censar y catastrar las máquinas y a los que no están de acuerdo, se les incauta las tragamonedas.
Con bombas y cánticos, los comerciantes afectados repudiaron la decisión de la máxima autoridad de la Comuna, ya que consideran que se pisotea la ley N° 3.966 de autonomía municipal, y en la que se establece que es la municipalidad la responsable de conceder los permisos correspondientes para la explotación de juegos de azar, expresó Vicente Osorio, vocero de los manifestantes. Explicó que de esta manera, se da prioridad a una resolución de Conajzar por encima de la ley.
La Resolución N° 34/2020 autoriza a la empresa iCrop SA, cuyo gerente general es Ariel Peña, a que realice el censo, catastro y explotación de las máquinas tragamonedas que se encuentran en sitios como bares, despensas, restaurantes y otros de todo el país. Según los afectados, dicha resolución trasgrede la ley N° 1.016 que establece que para adjudicaciones de alcance nacional , se debe hacer una licitación pública y no un contrato directo, sin concurso.
En Carapeguá se da la situación de que la Municipalidad cobró el canon correspondiente a los explotadores de las máquinas, pero ahora los afectados también deberán pagar a Conajzar por el mismo concepto.
Por este motivo, anunciaron que seguirán las movilizaciones en contra de esta disposición y contra los operativos policiales y fiscales que se realizan para obligarlos a someterse a la nueva normativa.
La senadora Esperanza Martínez aseguró que sospecha que se trata de la creación de una estructura de lavado de dinero que legaliza una actividad que está prohibida, que es la explotación de máquinas de juegos de azar en sitios de acceso público y que son expuestas al alcance de los niños, pese al peligro de que caigan en la ludopatía.
Además, cuestionó que Conajzar solo recube un jornal mínimo por cada máquina y le deja vía libre a iCrop para la fijación del precio por sus gestiones, que según los datos, es G. 300.000 por mes por cada máquina. De esta manera, la compañía tiene un ingreso de más de G. 200.000 por tragamonedas y de cumplir la meta de regular 50.000 máquinas, estipulada en la resolución de Conajzar, iCrop SA podría percibir US$ 1,5 millones al menos por mes, mientras que el Estado, US$ 652.000.
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