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El titular de la Senac, exfiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, explicó que la denuncia tiene fundamentos y se acompaña con un análisis de toda la documentación, por lo que en virtud de lo que establece el Código Procesal Penal, el Ministerio Público tiene la obligación de ejercer la acción penal de inmediata.
Fernández respondió de esta manera a la consulta realizada por ABC respecto a si tienen alguna expectativa sobre a actuación del Ministerio Público, teniendo en cuenta que la denuncia sobre uso de facturas falsas viene de hace tiempo y existe una inacción de la Fiscalía, institución encabezada por Sandra Quiñónez.
“Bueno, eventualmente si no fue iniciado de oficio, acá ya hay una denuncia, esta es una denuncia concreta que aborda el asunto vinculado a la gestión de los fondos”, insistió sobre el punto y, señaló que existen otras denuncias sobre la falsificación de facturas, pero que la presentada hoy por la Senac y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) hace referencia al conjunto de la ejecución de los fondos por US$ 1 millón provenientes de los préstamos autorizados por Ley de Emergencia Sanitaria.
Delitos denunciados
La Senac y la SET presentaron esta mañana una denuncia ante el Ministerio Público contra la Gobernación de Central, sobre el uso de US$ 1 millón que le fue transferido en el marco de la lucha contra la pandemia, según explicaron en conferencia de prensa realizada en la sede de Tributación.
La denuncia es por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos, manipulación de traficaciones técnicas, y frustración de la persecución y ejecución penal, que tiene una expectativa de pena de hasta 10 años.
Continuarán con las auditorías
Adelantó que la Secretaría Anticorrupción y la SET continuarán con el proceso de auditoría hasta emitir un dictamen final sobre la razonabilidad y los fundamentos de la ejecución de los recursos transferidos a la Gobernación de Central.
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Explicó que con la denuncia y la intervención de la Fiscalía para la investigación del caso se busca también preservar los elementos de pruebas, que en el transcurso del tiempo pueden perderse. Al respecto, insistió en que se pretende esclarecer los hechos, porque existen circunstancias muy llamativas, saber dónde estas esos documentos que primeramente fueron presentados y después reemplazados por otros. “En poder de quién está, quién proveyó esos documentos, porque se dio ese reemplazo”, se preguntó el titular de la Senac.
El ministro expresó que los US$ 1 millón destinados a Central provienen del préstamo de emergencia para destinarlo a la pandemia, que la gente seguirá pagando por varios años, por lo que las entidades de control deben ejercer sus roles.
Fernández dejó en claro que la designación de la ONG denominada Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) como ejecutora de los fondos, no le exime al gobernador Hugo Javier González de la responsabilidad sobre el uso de esos fondos.
No le exime de responsabilidad
“A ningún administrador público le exime de responsabilidad, es una modalidad que está permitida en la ley, pero no significa que un administrador público esté eximido de la supervisión de la ejecución de esos fondos, de aprobación de los proyectos, del seguimiento y, finalmente, de la ejecución ante la entidades superiores de control”, expresó.
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Con respecto a la responsabilidad de la Junta Departamental, indicó que todo funcionario publico en el ejercicio de sus funciones tiene sus responsabilidades de acuerdo a los roles que le otorga la ley, en un ejecutivo departamental el administrador es el gobernador y la junta ejercer un rol de fiscalización y de legislación, en ese sentido dijo que hay un ley de organización departamental en donde se pueden establecer las responsabilidades.
Por su parte, el viceministro de Tributación, Oscar Orué, aseguró que a la par de la intervención del Ministerio Público, la SET seguirá con las fiscalizaciones que le compete sobre este caso.
Sostuvo que seguirán colaborando con todas las instituciones que hacen el control, especialmente cuando se habla de facturas porque la entidad interviene ante la presunta clonación o falsificación de los comprobantes.