Cargando...
La presidenta del ente rural, Abg. Gail González Yaluff dejó sin efecto la resolución N° 1634/2020 de su predecesor, Abog. Mario Vega, anulando la supuesta colonización de hecho en las tierras de la empresa señalada en Puerto Casado. Vega había dejado sin efecto la disposición N° 4813/2015 de la administración de Justo Cárdenas, que a su vez había anulado la medida de supuesta colonia de hecho establecida en el mismo lugar, en el 2012, durante el gobierno de Fernando Lugo, según informó Puente.
Tanto en el 2012, durante el gobierno de Lugo como el año pasado se había premiado a los usurpadores de fracciones de las estancias San José y Cerro Galván, de Puerto Casado, departamento de Alto Paraguay, con el establecimiento irregular, como si fuera colonia de hecho.
Colonia de hecho no aplica para tierras ganaderas
En ese sentido, la titular del ente Gail González Yaluff explicó que acorde con la ley N° 622/60, artículo 18, solo faculta a establecer colonización de hecho en los lotes agrícolas, tanto desde el punto de vista de su aptitud para cultivos como de la seguridad, en relación a no tener peligros de inundaciones de ríos y arroyos. Agrega que las zonas ganaderas se exceptúan para ser consideradas colonias de hecho.
Lea más: Presidenta del Indert resuelve frenar medida que habría facilitado invasiones en Casado
A su vez, el Abog. Mario Vega, en comunicación telefónica en la fecha defendió la medida que había establecido tras visitar esa localidad el día 7 agosto de 2020, en compañía de integrantes de la Junta Asesora y de Control de la institución, específicamente del Gobernador de Alto Paraguay, Domingo Adorno, que es representante del Consejo de Gobernadores del Paraguay en el Indert y tendría intereses en dicha “colonización de hecho”. Vega declaró que “sin ningún tipo de presión y solamente haciendo cumplir la Ley N° 622/60” había restablecido la medida que se generó durante la administración de Marciano Barreto, durante el gobierno populista de Fernando Lugo.
De acuerdo a los datos, la población de Puerto Casado está asentada en tierras municipales de unas 250 hectáreas, que fueron donadas en 1977 por la firma Carlos Casado SA, al igual que otras 30.000 hectáreas para los pobladores.
La situación
Los proyectos de expropiación lanzados por diferentes actores del Gobierno a través del Indert y del Senado en diferentes años demostraron que la finalidad era apropiarse de los sitios productivos de la empresa ATENIL S.A., por ejemplo la carbonería del Km. 8, el aserradero del Km. 30, el más grande del Paraguay, unas 250 hectáreas de reforestación de eucalipto y la residencia principal con un alto valor histórico, según explicó Diego Puente.
Añadió que todos esos sitios productivos generan más de 120 puestos formales de trabajo de forma directa y 300 puestos de forma indirecta.
Explicó que por el momento la ley de expropiación fue postergada, pero hoy INDERT revierte la medida irregular que había establecido irregularmente la administración de Mario Vega, como colonia de hecho, situación que contradecía la postura en la Cámara de Senadores, donde se analizaba la expropiación asegurando que se trataba supuestamente de un latifundio improductivo. Esta ambigüedad demostraba que el trasfondo político era buscar la confiscación.
“Es importante que el Gobierno actúe para desestimar las acciones contra una inversión extranjera de desarrollo sostenible y ser una afrenta injustificada contra la propiedad privada.
Recordó que el 31 de agosto del 2007 el Congreso Nacional de nuestro país aceptó una donación de 30.000 hectáreas de la empresa, incluyendo 50 hectáreas dentro del casco urbano de ATENIL S.A. y de Asociación Espíritu Santo. Sin embargo, dichas 30.000 hectáreas ya donadas nunca fueron perfeccionadas por distintos intereses políticos y económicos de sus actuales ocupantes, que no son los lugareños quienes debieron recibir esas tierras para la reforma agraria.