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El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y la Comisión para la Preservación, Recomposición y Aprovechamiento Sostenible del Lago Ypacaraí (Conalaypa) acusan a la Municipalidad de San Bernardino de aprobar decenas de proyectos urbanísticos que carecen de evaluaciones de impacto ambiental y son explotados en áreas silvestres protegidas y de máxima restricción. Alertan que este escenario podría agravar aún más las condiciones del Lago Ypacaraí.
El Mades indica haber detectado varias irregularidades, como por ejemplo que el municipio incumple la ley 325/94 de Áreas Silvestres Protegidas, que en su artículo 12 señala que toda actividad pública o privada que afecte una zona protegida debe contar con Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
De acuerdo a los datos que maneja la cartera ambiental, la Municipalidad aprobó en los últimos años más de 700 proyectos. Asimismo explica que la reserva de recursos manejados del Lago Ypacaraí está zonificada. Es decir, hay áreas urbanas, de máxima restricción, de descargas y accesibles a ciertas actividades.
“El problema no está en que se hagan urbanizaciones, sino que muchas caen en áreas restrictivas que no corresponden a ningún tipo de actividad. Nadie está ajeno a que la ciudad crezca”, sostuvo al respecto Rafael Sosa, director general de Biodiversidad del Mades. Añadió que San Bernardino ni siquiera cuenta con plan de reordenamiento territorial y ambiental. Acotó que el Ministerio Público está al tanto de las irregularidades encontradas en la villa veraniega.
Denuncia
En tanto, la Conalaypa asegura haber recibido denuncias a través de su página web (https://conalaypa.gov.py/denuncia). Renato Mass, director de dicha comisión, afirmó que debido a la gravedad del caso las denuncias sobre comercialización de inmuebles en zonas de protección estricta fueron derivadas a la Fiscalía y que hasta el momento no reciben respuestas de parte del municipio.
Mass recalcó que la violación de la normativa pone en riesgo la preservación de estas áreas. Remarcó que los compradores de lotes deben exigir a los desarrolladores inmobiliarios todos los permisos, no solo municipales, sino también ambientales.
Tanto Mades como Conalaypa esperan que la fiscalía actúe y que el intendente de la ciudad, Luis Aguilar, responda a estas denuncias.