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La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Antonio Ortíz, autorizó el contrato directo a la empresa iCrop SA, cuyo gerente general es Ariel Peña Flores, para que opere e intervenga en la explotación de “tragamonedas” en el país, a pesar de lo poco que se sabe de su experiencia en el rubro. Según los registros de instituciones públicas, cuenta con solo 12 trabajadores.
El hecho de que sea una pequeña empresa (pyme) no fue impedimento para que Ortíz le otorgue, sin concurso, la responsabilidad de censar y catastrar las Máquinas Electrónicas Tragamonedas (MET) del país, que funcionan en salones que no son exclusivos para juegos de azar. Inclusive le habilitó que opere como explotadora del juego y, para llegar a todos los rincones del territorio nacional, le facilitó concretar acuerdos comerciales con terceros, como sus “agentes oficiales”, conforme se desprende de la Resolución N° 34/2020 de Conajzar.
iCrop SA obtuvo estos beneficios luego de que se aceptara su propuesta de regulación gradual de 50.000 MET en todo el país, cifra que se desprende según su “análisis de mercado, hecho en colaboración con expertos, de manera seria y responsable”, aunque la existencia de ese informe no consta en la resolución ni se identifican a los investigadores y la metodología aplicada en las averiguaciones.
Conajzar informó que el valor de sus gestiones lo dfine la empresa y que sólo se le obliga que por cada máquina censada y catastrada al mes destine al Estado el valor de un jornal de salario mínimo (G. 88.051). ABC accedió a diversas facturas y se observan que la firma cobra por cada MET G. 300.000, entonces su ganancia es más de G. 200.000 (70%).
Teniendo en cuenta que el compromiso de regulación es de 50.000 “tragamonedas”, la compañía reportara una ganancia de G. 10.597 millones al mes, que al tipo de cambio actual supera los US$ 1,5 millones. Mientras que el Estado recibiría G. 4.402 millones, unos US$ 652.229 al mes. Siempre y cuando se cumpla el compromiso de la cantidad de máquinas activas.
Al parecer, Peña aspira cumplir la meta, ya que a fines de abril y a dos meses de iniciar operaciones contabilizó 10.000 máquinas. Se desconoce de quiénes son, dónde se encuentran y en qué condiciones, pero aún sin esa información la compañía sostuvo que “contribuyen en un Paraguay transparente”, según comunicó en sus redes sociales.
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El asesor Luis Rojas, aseguró que Conajzar y iCrop SA apuntan a crear una estructura para el lavado de dinero, ya que esa cantidad de máquinas es imposible que este activo en el país. Estimó que se registrarían aparatos inexistentes para borrar el rastro de su origen.
El ex presidente Horacio Cartes estaría detrás del negocio de “tragamonedas” al comprobarse que una de las figuras periodísticas de su conglomerado de medios asesora a iCrop SA, además del abierto respaldo a la decisión de Conajzar. ABC consultó si hay el vínculo entre Cartes y la firma, y se respondió que no.
Falta de transparencia
La directora de la Dirección de Beneficencia y Asistencia Social (Diben) e integrante de Conajzar, Carmen Alonso, aseguró que la institución desconoce la cantidad de máquinas que funcionan en el país, que la explotación es absolutamente clandestina y por este motivo consideró de sumo interés los datos que releva Peña y sus aliados comerciales. Defendió de manera enérgica el contrato y adelantó que seguirán adelante pese a las críticas.
La institución se negó a facilitar una copia del contrato y aconsejó que se canalice el pedido a través del portal de Acceso a la Información Pública (AIP).
¿Cómo funciona?
Conajzar aseguró que las máquinas catastradas cuentan con un código Qr, el cual permite conocer en tiempo real su ubicación. El código no implica que se sepa si la máquina e encuentra en la vía pública o es utilizada por niños, ya que esa información podría obtener mediante cámaras de circuito cerrado y su instalación no es obligatorio.
Conforme al modelo que muestra la resolución, se aprecia que el trabajo de iCrop consiste en un relevo de los datos personales de los comerciantes y que los mismos sean clasificados bajo un código de acceso y que sólo disponen Conajzar y iCrop.
El plan es que en dos años, las máquinas sean conectadas en línea, aunque aún no se definió el software, según informó Conajzar.
Combate a la ludopatía es letra muerta
El reglamento establecido es el Anexo A de la Resolución N° 34/2020 no se observa que la razón de la regulación de las máquinas “tragamonedas” que funcionan en sitios que no sean exclusivos de juegos de azar, tal como se lo presenta.
En artículo 9 establece la prohibición del uso y acceso a menores a cualquier tipo de las máquinas “tragamonedas” autorizada por Conajzar y para ello, especifica que los aparatos electrónicos deben contar con un cartel visible que señale “prohibido su uso por menores de 18 años”. Además, ordena a iCrop SA “prever los mecanismos para socializar un juego responsable”, sin especificar cuáles, y se estipula que se publiquen las reglas del juego y la descripción de las combinaciones ganadoras.
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En caso de irregularidad, la sanción consiste en apercibimiento y en la primera reincidencia, prohibición de explotación de máquinas en el local infractor. No se observa castigo a iCrop como responsable del censo y catastro en todo el país, incluso con sus agencias regionales.
Tampoco se observa que está prohibida la colocación de estas máquinas en la vía pública, espacios de circulación de las personas y por ende, a la vista y al alcance de los niños y adolescentes, y a la fecha no se evidenciaron máquinas que presenten esas advertencias.
Al contrario, locales que fueron intervenidos meses atrás por explotación clandestina de “tragamonedas” siguen operando en las mismas condiciones, con la diferencia de que tienen la calcomanía que fueron castastradas por iCrop SA.
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