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Con el voto mayoritario de los magistrados Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servín, el Tribunal de Apelación en lo penal, 3° sala, declaró inadmisible la apelación planteada contra la resolución dictada el 3 de marzo pasado, por el juez especializado en delitos económicos Humberto Otazú.
El camarista Cristóbal Sánchez, votó por la admisión del recurso e invocó al Pacto de San José de Costa Rica por considerar que no se puede coartar el derecho de la defensa de recurrir las resoluciones que le afecten.
Otazú resolvió que el exsenador liberal y actual parlasuriano Enzo Cardozo debe afrontar juicio oral y público por lesión de confianza, por su responsabilidad en el desvío de los recursos destinados a los productores frutihortícolas, durante su gestión como ministro de Agricultura y Ganadería.
Esta decisión también fue apelada por los acusados Esquicio Dionisio Meza Núñez, Armin Enrique Hamman Bugs, Víctor Hugo Llano, Esteban Guerrero, Flavia Rotela y Ronal Guerrero, cuyas presentaciones corrieron la misma suerte que la del exministro.
Lovera destaca que la resolución apelada es irrecurrible por imposición del artículo 461 del Código Procesal Penal, pues dispuso elevar la causa a juicio oral y público, además de resolver incidentes varios. Respecto al Pacto de San José de Costa Rica, Lovera resalta que debe ser aplicado en concordancia con las normas vigentes.
“De esto no se debe inferir que cualquier resolución puede ser recurrida inmediatamente, ni que cualquier sujeto del proceso puede recurrir cualquier resolución. La organización del sistema de recursos es algo que depende de cada sistema procesal y que debe ser analizado en relación con la totalidad del proceso penal”, acotó Lovera.
Productores perjudicados
El 23 de marzo del 2015, la Fiscalía acusó a los exministros Enzo Cardozo y Rody Godoy y a otras personas por lesión de confianza por el desvío de G. 3.700 millones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que debieron ser aplicados a proyectos del Programa Nacional de Fomento Pecuario (Pronafope) y del Frente Combatiente contra la Pobreza, en los años 2011 y 2012.
Según la acusación, durante la administración de Cardozo fueron desviados G. 1.219 millones, que debían ser destinados a productores diversos puntos del país, en el marco del Pronafope y que durante la gestión de Godoy se desviaron G. 2.500 millones con la ONG Frente Combatiente contra la Pobreza.