Cargando...
¿Qué se sabe de la empresa contratada de forma directa por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar)?
La empresa iCrop reporta como directivo a un joven identificado como Anderson Luis Lamb Vosh, oriundo de Alto Paraná y quien a fines de mayo último cumplió 30 años, según las referencias comerciales y de instituciones públicas a las que accedió ABC. También aparece Pedro Paulo da Silva Pedroso de Alburquerque como directivo. Sin embargo, no se detectaron referencias de sus actividades en el país ni se logró conversar con ellos.
La sociedad fue constituida en 2009 con capital de G. 2.500 millones, pero entonces se denominaba “Songhe Industrial SA”, de acuerdo con los datos comerciales. Sus accionistas eran ciudadanos de nombres orientales, como See Sing Chi, Li Jinzhen, Wang Wanman, Shi Jian Zhi y Lucy Sy, y el objeto de la sociedad eran operaciones en los rubros textil, comercial, industrial, servicio, transporte, leasing, inmobiliarias, constructoras, representaciones, turismo, maquilas, agrícolas y ganaderas y otros.
Recién en 2018, tras una modificación de los estatutos y de accionistas, nace iCrop como tal y aparece el capital integrado de G. 10.000 millones, según inscripción en Registros Públicos del año 2019. La actividad declarada a la que se dedica la sociedad pasa a ser: “Servicios informáticos, data center y telecomunicaciones”.
¿Cambiaron denominación y estatutos para ser contratada por Conajzar?
Meses después, presentó una propuesta a la Conajzar para supuestamente “regularizar” la situación de las máquinas “tragamonedas” en sitios no exclusivos de juegos de azar del país.
En el documento entregado a la citada institución a fines de 2019, la compañía afirmó que “como empresa constituida hace varios años en Paraguay y que desde sus orígenes ha desarrollado valores de innovación tecnológica y ha adaptado conceptos a diferentes productos del mercado”, se autodescribe como firma calificada para ser responsable de “la nueva modalidad de explotación con intervención en tragamonedas”. De hecho, se le autorizó para dicha actividad con la resolución N° 34 del 8 de octubre de 2020.
Carmen Alonso, directora de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben)-a la que se destina parte de los recursos de Conajzar- y miembro del comité de esta Comisión, afirmó que para la decisión del contrato directo se consideró que existe un descontrol en la explotación de esas máquinas en sitios que no son exclusivos de juegos de azar y con esta iniciativa se podrá conocer la cantidad de aparatos y su ubicación exacta. Anunció que más adelante (sin precisar plazo) se podrá elaborar un plan para optimizar el cobro del canon y evitar que los niños caigan en la adicción del juego, involucrando a municipios y gobernaciones. Este proyecto aún no existe.
Requerida sobre los antecedentes de iCrop, no supo precisar. ABC tampoco los encontró y la falta de evidencias de sus operaciones apuntan a que podría tratarse de una empresa de maletín, según las sospechas de explotadores de tragamonedas y los legisladores, que días pasados convocaron al titular de Conajzar, José Ortiz, para hablar sobre este tema.
De hecho, ni la dirección exacta de iCrop han dicho hasta ahora.
¿La firma iCrop no tiene oficina?
Primeramente no se ubicó su oficina declarada en “Supercarretera N° 9038”, en la ciudad de Hernandarias, del departamento de Alto Paraná, conforme informó nuestra corresponsal que recorrió la zona. Luego, un equipo de ABC acudió al sitio donde explotadores de tragamonedas mencionaron que fueron citados por la compañía. Nos encontramos con una casa ubicada en el Cuarto Barrio de Luque.
En el lugar no se visualizó ningún cartel que se reconozca como establecimiento de iCrop. Durante el recorrido para buscar la oficina, el equipo periodístico se acercó a una persona que se encontraba frente a la vivienda de Luque, dentro de un vehículo, Ariel Vera. Él afirmó que allí es su residencia y que a unos metros está la oficina de dicha compañía.
Comentó que él tiene una “empresa” que trabaja con iCrop, sin precisar el nombre de la misma. Se le solicitó una entrevista para profundizar sobre su relación comercial y accedió, pero pidió que se le espere. Después se mantuvo en la camioneta, encerrado y al parecer luego de conversaciones telefónicas, se acercó al equipo de ABC y se retractó. Dijo que en realidad, ahí no funciona iCrop, sino que en Loma Pyta. Le pedimos la dirección pero se excusó diciendo que eso fácilmente se comprueba “con Google Maps”.
Al ser requerido acerca de sus contradicciones en cuestión de minutos de diferencia, Vera evitó profundizar y alegó que se trata de una confusión porque el gerente de iCrop es Ariel Peña y él es Ariel Vera. “La Asociación de Juegos de Azar me quiere involucrar en cuestiones que no tengo nada que ver, sólo se da la casualidad que los dos nos llamamos Ariel”, afirmó. Posteriormente, se retiró. Vecinos consultados confirmaron que allí funciona iCrop, al lado mismo está una despensa y en la ventana de atención hay cuatro máquinas “tragamonedas”.
Se buscó mayor información sobre la supuesta oficina en Loma Pyta, pero tanto en la aplicación como en la página web de la empresa no se encontró. Se intentó conversar con Ariel Peña pero no contestó las llamadas. Recientemente, se presentó a Humberto Acuña como representante legal pero ya no fue posible un conversación él. Sol Ruíz se contactó con ABC como asesora de comunicación y se comprometió a facilitar la entrevista con Peña, pero hasta el momento no ha habido retorno.
Según Conajzar, iCrop sólo censa y catastra la máquinas de “tragamonedas”, lo que consistente en colocar un código Qr para conocer su ubicación exacta. En dos años, deberá desarrollar un sistema que permita conectar en línea dichos aparatos y se pueda cobrar canon por cada “win”. Es decir, al parecer pretenden ampliar el contrato de esta misteriosa compañía.
El comité le dio la facultad a esta empresa que nació como tal recién en 2018 de realizar las gestiones, cobrar G. 300.000 por cada máquina al mes a los explotadores de tragamonedas y de esa cifra, destina al Estado el valor de un jornal (G. 88.051). Lo restante lleva iCrop.
Sospechan de lavado de dinero
El Cámara Alta había debatido referente a la falta de claridad en el contrato entre Conajzar y iCrop, por lo que solicitó reportes a Hacienda, Fiscalía, Contraloría y a la propia institución reguladora de los juegos de azar. La senadora Esperanza Martínez afirmó que es necesaria una normativa que regule la explotación de “tragamonedas” en el país y que contemple la protección de los niños para evitar que caigan en la ludopatía.
Luis Rojas, asesor en lavado de dinero, afirmó que iCrop es una empresa de “maletín” que no sólo censa sino que explota el juego y apunta a registrar “máquinas fantasmas” a fin de generar una mega estructura que genere valor a la empresa para lavar dinero. Señaló que supuestamente existe 150.000 “tragamonedas” en el país, según dicen desde Conajzar, pero eso es imposible, opinó.
