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La presidenta de la comisión de Hacienda del Senado, Esperanza Martínez, señaló que resulta muy llamativo que la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) se ocupe de las máquinas “tragamonedas” ubicadas en sitios que no son salones de juego, al contratar a una empresa privada, identificada como iCrop SA, cuyo representante legal es Humberto Acuña, para que cense dichas máquinas. Indicó que esa función es una competencia exclusiva de las municipalidades y si bien reconoció que es necesario analizar la situación en el rubro para que haya mayor control, consideró que no es lógico que sea mediante un contrato directo a una compañía privada y en condiciones poco claras.
Las declaraciones las realizó ayer, durante la sesión de la Cámara Alta, ocasión en que fueron convocados el ministro de Hacienda y el titular de Conajzar, Oscar Llamosas y José Ortíz, respectivamente. En representación de Hacienda estuvo el viceministro de Economía, Ivan Hass, quien respondió que Conajzar es un ente autónomo y es el responsable de dar explicaciones con relación al contrato directo con la firma iCrop, lo cual no convenció a Martínez, porque la cartera cuenta en dicha comisión con un funcionario de la Unidad Operativa Contrataciones (UOC).
Ortíz, a su turno, alegó que en vista de que se desconoce el mercado de tragamonedas que opera en sitios que no son los casinos, se pretende censar los locales y cobrarles impuestos.
Destacó que ahora es la primera vez que se obtienen recursos para Conajzar a partir de esta actividad. Sin embargo, las declaraciones tampoco convencieron a Martínez, quien insistió que esa tarea es una competencia municipal.
Los explotadores de tragamonedas, que vienen denunciando las anomalías del contrato entre Conajzar y la firma iCrop, se reunieron en un polideportivo del barrio Sajonia de Asunción ,ayer, para seguir todos juntos la sesión del Senado. A ellos tampoco les convenció las explicaciones del titular del ente, quien no ha mostrado el contrato con la firma privada.
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El senador Martín Arévalo opinó que Conajzar debería coordinar con los municipios para que todas estas máquinas retiradas de los comercios que operan de forma clandestina ya sean destruidas. “Se está legalizando la delincuencia”, advirtió, haciendo referencia que las máquinas que están en situación irregular son llevadas al parecer por iCrop. La empresa lo niega pero eso es lo que sostienen las denuncias de los explotadores de estas máquinas.
Por su parte, el senador Justo Zacarías Irún estimó que en Ciudad del Este existen al menos 5.000 “tragamonedas” en negocios cuya actividad principal no son los juegos de azar y que se desconoce quiénes son los propietarios de los aparatos, cuánto recaudan, pero lo que sí se sabe es que no pagan impuestos. Recalcó que se debe controlar la actividad y esto, a muchos no les va a gustar, sentenció.
También participaron representantes de las asociaciones de juegos de azar, quienes expresaron su preocupación por la poca claridad de las atribuciones dadas a la compañía privada y el uso de la fuerza pública para procesar a aquellos que no se sometan a las disposiciones de iCrop, ya que la explotación de las máquinas por parte de dicha firma sería ilegal y según declaraciones de afectados, si no siguen las indicaciones de iCrop, son denunciados y procesados por la Fiscalía.
La preocupación de los explotadores es que la compañía les desplace en el mercado para avanzar hacia un monopolio, con el fin de crear una mega estructura de lavado de dinero. La empresa no respondió al respecto ni participó en la convocatoria.
La senadora Martínez anunció que se solicitarán informes a la Fiscalía, Contraloría, Hacienda y Conajzar sobre todo lo referente a la empresa y sus integrantes, así como los antecedentes, a modo de aclarar las circunstancias. “Es momento de hacer un plan nacional a modo de generar las condiciones para que estas empresas explotadoras operen en condiciones que no representen un peligro para los niños de caer en ludopatía y sigan generando oportunidad de ingresos”, afirmó.
