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“Ahora estamos preparando un borrador de decreto en donde se establece que, si quieren cobrar subsidio, tendrán que pagar sus multas. Ahora se estableció el mecanismo de multas; caso contrario, no cobrarán subsidio. El que no paga no cobra”, dijo Sánchez en conversación con ABC Cardinal al referirse a las empresas de transporte que, según el Viceministerio, violaron los protocolos sanitarios al permitir más de 16 personas paradas dentro de los colectivos.
Las empresas sancionadas son: San Lorenzo CISA (Línea 27), 1° de Mayo SRL (Línea 133), Ciudad de Limpio SRL (Línea 34), Ytororó SA (Línea 88), San José Obrero SRL (Línea 187) y Magno SA (Línea 12).
Sánchez explicó que la cifra que le corresponde pagar a cada empresa por cada unidad que violó los protocolos es de 173 jornales mínimos, es decir G. 15.212.928. No informó sobre cuántos colectivos son en total, aunque prometió hacerlo.
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Pero lo más curioso es que, para el cobro de las multas, el proceso es burocrático y engorroso porque las empresas pueden apelar. “Se le notifica a la empresa, ellos pueden hacer las reconsideraciones, pero si no hay nada que hacer se le rechaza (la apelación)”, dijo el viceministro con un tono optimista de poder capitalizar esas multas.
Sánchez sostuvo que los empresarios le dicen que “es decisión de los choferes” alzar a más personas de lo permitido por unidad. “Si se te pasan dos (pasajeros), se entiende, pero todos en la estribera no. Hay casos y casos. No podemos multar al chofer, nosotros tenemos vínculo con la empresa, no con el chofer”, finalizó.
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Ayer, ABC consultó a los responsables de Comunicación del Viceministerio para saber si alguna de las empresas sancionadas en pandemia ya cumplió con el pago de multas y la respuesta fue negativa.
De esta manera, los responsables de velar por el traslado masivo de personas siguen engrosando el listado de las sancionadas, pero sin que eso se traduzca en un desaliento real de dichas prácticas. Esta infracción se suma a las reguladas que siguen soportando los pasajeros.