A criterio del fiscal Rogelio Ortúzar, condenas como la que se dio hoy a Óscar Luis Benítez, quien fue sentenciado a 34 años de cárcel por el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas, son aleccionadoras para los criminales que en la actualidad siguen cometiendo plagios.

El investigador opinó que las personas que comunicaron un secuestro este martes en Ciudad del Este, sean quienes sean, “estarán viendo la información sobre esta condena, y probablemente estén desmeritando cometer más acciones criminales”, pues no querrán pagar condenas como la de hoy.

“Tengo la convicción de que al delincuente, hasta que sea individualizado y capturado, no le importa la aplicación de la ley, le empieza a importar cuando cae detenido. Es ahí donde empieza a pensar que en caso de ser individualizados la justicia les va a caer con todo”, señaló Ortúzar.

Investigación sigue en curso

Por otro lado, aclaró que la investigación sobre el caso Cecilia Cubas no está agotada, y que cada vez que se encuentre algún hilo conductivo que aporte nuevos datos en cuanto al hecho y más involucrados, se irá incorporando.

“Sí hay órdenes de captura pendientes, rebeldes pendientes que siguen ocasionando mucho daño a familias paraguayas, extranjeras y a toda la sociedad en general. Estos son miembros de grupos criminales que muy bien se conocen, de manera que en caso que caigan van a estar sentados en el banquillo de los acusados”, advirtió el agente fiscal.

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Siguen en rebeldía

Recordó que tienen orden de captura Magna María Meza, Manuel Cristaldo Mieres, Osvaldo Villalba, entre otros, y que continúa vigente la orden de captura contra Rodrigo Granda. Además, hay un ciudadano colombiano alias Mauricio Malverde, a quienes los investigadores consideran el asesor de los secuestradores. Ortúzar aseguró que contactos entre los mismos miembros de las FARC así lo confirman.

“Esta causa sigue abierta, en tanto sigan cayendo personas y haya pruebas, se les acusará como a todos los demás”, aseguró el fiscal.

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Nuevo caso de secuestro

Jorge Ríos, de 23 años, fue secuestrado anoche en la estancia ganadera propiedad de su familia cerca de la localidad de Puentesiño, en el departamento de Concepción, por varias personas que pertenecerían a la Agrupación Campesina Armada (ACA), grupo armado que se consideraba prácticamente desarticulado.

La familia del joven pidió este martes a las autoridades que se mantengan al margen del caso para poder efectuar el pago de 200.000 dólares exigido por los captores. En el escrito se exige a la familia el pago de 200.000 dólares con plazo de entrega hasta la tarde de este miércoles bajo amenaza de fusilar al secuestrado.

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El portavoz de la familia aclaró que esta no difundió el hecho, una de las condiciones exigidas por los secuestradores, y que las condiciones para su liberación se conocieron al filtrarse la carta que dejaron en el lugar, que fue viralizada en las redes.

Amenaza de muerte

En el escrito se exige a la familia el pago de 200.000 dólares con plazo de entrega hasta la tarde de este miércoles bajo amenaza de fusilar al secuestrado.

En ese sentido, el portavoz pidió a los medios que dejen de difundir la carta y a los secuestradores que se pongan en contacto con la familia debido a que han recibido llamadas de personas que se identificaron como los autores del secuestro y a quienes no dan credibilidad.

Al mismo tiempo, pidió una prueba de vida e informó de que el joven requiere de medicación para el asma.