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Desde la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) defendieron ayer el contrato directo a iCrop, representada por Humberto Acuña, que se firmó en octubre del año pasado para realizar un censo y catastro de todos los aparatos electrónicos del país de este tipo de juego de azar. El acuerdo se fundamenta en la resolución N° 34/2020 con el cual la institución autorizó la “nueva modalidad” de explotación de máquinas tragamonedas en locales cuyas actividades principales no sean los juegos de azar.
Carmen Alonso, de la Dirección de Beneficencia y Asistencia Social (Diben), integrante del Conajzar, indicó a ABC que existe un crecimiento indiscriminado de máquinas que funcionan sin control y que las mismas están expuestas a los niños y adolescentes, con los riesgos de que estos caigan en la ludopatía. Argumentó que con este nuevo sistema se podría conocer la cantidad de aparatos existentes en el mercado para tomar acciones al respecto.
Un “negocio” 26/74 porciento
Indicó que hace meses se hacen los trabajos con la firma de referencia, pero según los datos recogidos por ABC, esta compañía no goza de la confianza de los explotadores de tragamonedas. Días atrás, ellos denunciaron que al parecer Conajzar contrató a iCrop solo para que esta se quede con la mayor parte de las ganancias. Conforme a las declaraciones, cada año pagan a las municipalidades G. 100.000 por la patente comercial y ahora, Conajzar les obliga a pagar al mes G. 300.000 en concepto de canon y, de esa cifra, sólo se queda G. 80.000 para la institución del Estado (26%). El resto (74%) queda para la empresa privada.
Según las denuncias, la empresa no solo censa, sino también se convierte en una suerte de regulador en el rubro, ya que en caso de resistirse a pagar el canon, iCrop denuncia a los locales ante la Fiscalía y las máquinas les son incautadas, aunque no estén cometiendo ninguna irregularidad, como por ejemplo, tenerlas en vía pública.
Pero para los locales que pagan y reciben un distintivo de que la empresa censó sus máquinas, el trato es distinto. Por ejemplo, en febrero pasado, en Luque se dio una intervención en un negocio porque las “tragamonedas” estaban en la vereda y a metros de una escuela. Pasaron cuatro meses y hoy, luego de haber sido censadas, las máquinas siguen funcionando en vía pública, corroboró ABC el fin de semana.
Consultada al respecto, María Galvan, directora Jurídica de Conajzar, respondió que iCrop no tiene la facultad de ser una competidora ni fiscalizar, sino que sólo censa y catastra. Requerida por el caso puntual registrado en Luque, respondió que verificará que se cumplan las normativas y recalcó que cualquier ciudadano puede denunciar situaciones irregulares.
ABC consulto tanto a Galvan como a Alonso si hay un plan concreto para evitar que las máquinas censadas estén expuestas a los niños y adolescentes, como parte de la estrategia para evitar la ludopatía, pero ambas evitaron profundizar al respecto. Declararon que la estrategia consiste en conocer las cifras del mercado para luego definir acciones junto con otras instituciones públicas. “La gente tiene que censar, catastraste y pagar el canon cada mes. Nada más”, recalcó la experta legal.
Considerando que existe una excesiva cantidad de máquinas y estas pueden representar un peligro para los niños y adolescentes, que pueden caer en la adicción al juego, se les preguntó a ambas fuentes por qué esperar a conocer la cantidad total de máquinas para diseñar y ejecutar un plan para desalentar la ludopatía. Coincidieron en señalar que primero se quiere conocer el mercado.
La fase uno del trabajo de iCrop consiste en una individualización de los aparatos y 24 meses después, la siguiente fase es la instalación de un sistema de conexión en línea entre las máquinas, para su control y monitoreo (a fin de cobrar canon según el “win”) y la tercera y última, es de ajustes y reporte final. “Eventualmente se harán los ajustes necesarios”, dijo Galván.
Airada defensa al contrato directo
Nuestro diario insistió en preguntar por qué no hay un programa concreto de prevención de ludopatía en niños, que se contemple en el millonario contrato firmado con iCrop. Ante lo cual la directora de la Diben, de forma efusiva y alzando el tono de voz, respondió que el contrato va a continuar, aunque se reporten críticas. Dio a entender, sin dar muchos detalles, que podrían presentar un proyecto de ley al respecto. “Lo que queremos es encontrar un consenso, que nosotros podamos potenciar esta regulación que va a pasar por el Congreso y las instituciones del Ministerio de la niñez. Hay muchas aristas que tenemos que hacer que se involucren, que participen, que los municipios tomen la posta, todo tenemos que estar incluidos acá. Es imposible pensar que la Conajzar va a lograr el objetivo general”, dijo (sic).
Millonaria recaudación
Conforme a las declaraciones de Alfonso, en mayo se dio la primera transferencia de iCrop por este canon, tras el censo de 17.000 máquinas. De esta manera, la Diben por primera recibió G. 60 millones en este concepto, dijo, y agregó que también fueron beneficiados Hacienda, municipalidades y gobernaciones, aunque no prcisó montos. Aunque según la relación de distribución de recursos 26/76, por 17.000 máquinas por las que pagan G. 300.000 cada una, se habría cobrado G. 5.100 millones. De esta cifra, a Conajzar le correspondería G. 1.360 millones y a iCrop, G. 3.740 millones.
Galvan precisó que el canon que debe quedar para Conajzar es un jornal mínimo por máquina y que la empresa privada puede decidir el monto total que cobra a cada local, ya que tiene sus costos operativos y logísticos.
Hacienda y Conajzar, ante el Senado
En la jornada de hoy está previsto que el ministro de Hacienda y el presidente de Conajzar, Oscar Llamosas y José Ortíz, acudan al Senado para brindar aclaraciones sobre este contrato.
