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A finales de abril, desde la Gerencia de Prestaciones Económicas del IPS y la Dirección de Aporte Obrero Patronal del IPS se denunció que varias empresas empleadoras y que cotizan en el Instituto de Previsión Social obligaban a sus empleados a asistir a sus puestos laborales a pesar de la suspensión que pesaba sobre ellos.
Esto, en su momento, se había calificado como una estafa a las arcas de la previsional. Cabe recordar que el dinero que facilita el pago de los subsidios por la pandemia proviene de parte del préstamo de US$ 1.600 billones que el Gobierno había hecho en marzo de 2020 y que fue direccionado al IPS como parte de una deuda que el Estado sostenía con el ente; es decir, finalmente es dinero de los aportantes.
En ese momento se hablaba de una muestra de 6.000 empresas de un total de 18.000 que debían ser investigadas. Con el tiempo, la denuncia fue perdiendo fuerza a tal punto que el Ministerio de Trabajo, a través de la ministra Carla Bacigalupo, indicó que no había denuncias formales sobre esta explotación. Inclusive, semanas atrás, desde la Dirección de Aporte Obrero Patronal habían confirmado ser incapaces de fiscalizar todas las empresas que se debían controlar por falta de funcionarios.
Pedro Halley, exgerente de Prestaciones Económicas del IPS, destituido la semana pasada por dar a conocer un acuerdo judicial qué podría desfondar los fondos jubilatorios de la institución, explicó en conversación con ABC Cardinal que los sectores de transportistas y de los comerciantes son los que más explotaron a sus funcionarios durante la pandemia, obligándoles a asistir a sus puestos laborales estando todos ellos suspendidos.
“Las llamadas eran de trabajadores de todos los sectores, industrias también, pero mayoritariamente eran choferes que fueron explotados, (funcionarios de) tiendas de artículos, de venta de ropas”, contó.
Halley dijo también que, si bien no puede dar datos de empresas privadas, sí puede brindar estadísticas. En ese contexto, sostuvo que hay varios datos que pueden cruzarse para conocer quiénes fueron los empresarios y cuáles fueron las firmas que estafaron al Instituto de Previsión Social, empresas que deben devolver el dinero por haber explotado a sus funcionarios.
Sin embargo, Halley dudó que está administración encabezada por Vicente Battaglia se anime a dar los datos que están disponibles dentro de la entidad y recordó que había empresas “tan torpes” que cotizaban por sus trabajadores suspendidos, una situación que no correspondía.
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Otra cuestión llamativa que contó Halley fue que, tras haber hecho la denuncia a finales de abril, había aproximadamente 18.000 suspensiones. Sin embargo, probablemente por el miedo de ser detectadas, las empresas cancelaron la suspensión de sus funcionarios a tal punto que ese número se redujo ahora a 7.000 suspendidos.
“En abril teníamos entre 15.000 a 18.000 pedidos de suspensiones. Cuando se socializó este tema, bajó a 7.000. Como se dijo que se iba a enviar a Fiscalía, tomaron prudencia”, agregó.
En otro momento, el exgerente informó que quedó completamente desvinculado de la institución porque tenía un cargo de confianza. Recordó que había renunciado a su cargo en 2014 por una cuestión similar y regresó en 2015 tras un pedido del entonces presidente de la institución, Benigno López.
Sobre su posible incursión en la arena política, explicó que un grupo de jubilados está pensando crear un movimiento para contar con un senador que defienda sus intereses desde 2023 y que tomará la oportunidad si se le presenta. Sobre el punto, cifró en 800.000 los adultos mayores en el país, de los cuales solo 120.000 tienen una jubilación.
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Halley reiteró el riesgo de desfalco de los fondos jubilatorios si no se da marcha atrás a un acuerdo y sentencia de la Corte Suprema de Justicia dictada en 2016 que obliga al IPS a pagar como jubilación más del tope establecido por Ley (10 salarios mínimos), independientemente del salario que hayan cotizado cuando se registró la jubilación.
Finalmente, dijo que hay una defensa corporativa de algunos empresarios y del Consejo de Administración del IPS en torno al caso de los suspendidos y del manejo de los fondos jubilatorios.
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“Por lo que veo por los comunicados de prensa, es el sector empresarial el que hace una defensa corporativa. Pero vuelvo a repetir: yo no criminalizo al sector de empresarios, hay muchos honestos, el 99%, pero 1% pudre el cajón, a esos sí tiene que investigarlos la Fiscalía y que devuelvan la plata”, concluyó.