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Uno de los casos es el del autoservice “El Aborigen”, que se encuentra en Luque, a metros del colegio “Trinity School”. Fue intervenido en febrero último por una comitiva fiscal y policial porque tenía sus máquinas “tragamonedas” en la vía pública, lo cual está prohibido para desalentar que niños y adolescentes las utilicen.
La reguladora del rubro es la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Ortíz, pero esta institución, a través de un contrato directo, hoy está “tercerizando” su propio rol, de acuerdo con las denuncias recibidas. En teoría, la empresa fue contratada justamente para un mejor control del sector, pero eso no se ve en la práctica.
Precisamente, después de aquella intervención de febrero en el citado local de Luque se debían guardar las máquinas, pero éstas siguen funcionando en el mismo sitio. Según corroboró nuestro diario a través una visita insitu de nuestra corresponsal Gladys Villalba, dos de los cuatro aparatos cuentan con una calcomanía iCrop, cuyo representante legal es Humberto Acuña.
Al parecer, la firma contratada por Conajzar autorizó a esta compañía y con esto estaría respaldando las irregularidades. Pero además, los datos indican que hay más anomalías.
En teoría, los locales que explotan los tragamonedas deben pagar un canon de G. 300.000 al mes, de los cuales, G. 220.000 va a la empresa privada y G. 80.000 a la Conajzar que son fondos que en realidad se destinan a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben).
Según la encargada del local, que prefirió no decir su nombre, el trato con iCrop es distinto. Dijo que la ganancia se distribuyen 50% para cada uno y aseguró que eso consta en los documentos de la provisión de las máquinas, aunque no nos mostró dichos papeles. En el local comercial se pueden observar cuatro máquinas en la vereda, de las cuales dos tienen el logotipo de iCrop y las otras dos, no lo poseen.
La propietaria del negocio, que comercializa todo tipo de artículos y comestibles para el hogar, aseguró que si la habilitación de las máquinas le ocasionará problemas, solicitará el retiro de las mismas.
Según lo que habían denunciado días atrás el señor Tomás Roa, del Sindicato Nacional de Trabajadores Vendedores de Quiniela, Bingo, Juegos de Azar y afines (Sintraquiba), y Líder Acosta, del Gremio de Operadores de Máquinas Electrónicas de Entretenimientos y Juegos de Azar, iCrop es una “marioneta” de Conajzar para apoderarse del mercado y alzarse con las ganancias que se obtienen con las “tragamonedas”. Según dijeron, si los explotadores no quieren pagar el canon a iCrop, ésta les lleva sus máquinas.
Empresa niega que esté avalando irregularidades
Sobre el punto, Sol Ruiz, representante de iCrop, conversó con ABC y respondió que es falso que la empresa avale las anomalías y también es mentira, según dijo, que la firma se esté llevando máquinas o cobrando dinero. Afirmó que la compañía sólo censa y suministra esa información a la Conajzar y que se denuncia si hay algún local que incumple. “iCrop no tiene máquinas operando, categóricamente”, aseguró. Sin embargo, no se pudo acceder hasta el momento al contrato que tiene la firma con Conajzar para conocer los detalles de sus funciones.
Ruiz afirmó que su obligación contractual es sólo censar las máquinas “tragamonedas” explotadas en locales cuya actividad comercial principal sea diferente a juegos de azar, tales como despensas, bares, bodegas y otros. Esta “nueva modalidad” en estas actividades fue el origen de la resolución N° 34/2020 de Conajzar para la firma del contrato, que se aplica conforme al artículo 1° del Decreto N°6206/99, conforme se reporta en la página de Hacienda. Los datos relevados por iCrop, que son georeferenciados, son comunicados a Conajzar.
“iCrop sólo censa y comunica”
En cuanto a las intervenciones fiscales, mencionó que “iCrop no posee ni ejerce facultades de fiscalización puesto que las mismas son indelegables”. “Sólo se limita a informar a Conajzar los datos de ubicación de las máquinas y los comercios en donde son utilizadas, para luego cumplir con radicar la denuncia al Ministerio Público”, expresó.
Con relación las máquinas que se encuentran en vía públiac y transgreden las normas, como el caso de Luque que están en una vereda y cerca de un colegio, Ruiz insistió en que la función de iCrop es sólo hacer un censo de las máquinas. Mediante el código “Qr” sólo se puede conocer la dirección, no así si está en la calle o dentro de un salón. Al ser requerida sobre las máquinas “tragamonedas” censadas por la compañía que violan normativas, respondió que desconoce tal situación y evitó profundar el punto, repitiendo que la empresa “sólo censa”.
En cuanto a la posibilidad de que iCrop proporcione la base de datos generada y el libre acceso de esa información, indicó que esa es potestad del Gobierno, no de la empresa privada.
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¿Una “maniobra” comercial?
No obstante, el Sintraquiba y el citado gremio de operadores de máquinas del rubro creen que la intervención de febrero fue una maniobra de iCrop para sacar del mercado al comerciante que explotaba las máquinas en ese local y así, quedarse con sus clientes. “Este caso de Luque es una evidencia contundente de que iCrop utiliza a la Policía y Fiscalía para perseguir a los propietarios de comercios. No busca regularizar sino que utiliza a la fuerza pública para chantajear y monopolizar el mercado al ser juez y parte en las reglas del juego”, expresó Acosta.
Roa mencionó que el contrato entre iCrop y Conajzar debe anularse, ya que le concede la explotación del juego de azar “tragamonedas” con alcance nacional y para ello debe haber una licitación pública y si se trata de una “privatización”, debe haber una ley especial. Agregó que el intendente de la Municipalidad de Asunción, Oscar Rodríguez, declaró recientemente que es inaplicable la resolución de Conajzar con la cual le atribuye sus propias funciones a iCrop. La postura municipal se dio a conocer mediante la resolución N° 293 de este año.
Por su parte, la senadora Esperanza Martínez afirmó días pasados que la empresa se estaría alzando con recursos que corresponden a la Dirección de Beneficencia y Asistencia Social (Diben), lo que consideró criminal sobre todo en el contexto de pandemia y la crisis sanitaria. Por este motivo, la Cámara Alta convocó al ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, y al titular de Conajzar, José Ortíz, para que den explicaciones sobre esta situación, entre otros puntos.
