Cargando...
El exjuez Crescencio Ocampos recientemente confesó a ABC que recibió US$ 140.000 por conceder el hábeas corpus para que no extraditaran a Jarvis Chimenes Pavão.
Sostuvo que no es delito haber tomado ese dinero porque “tenemos que hacer favores”.
Con relación al caso Jarvis Chimenes Pavão afirmó que le había dado un hábeas corpus genérico y estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando la abogada Laura Casuso vino a hablar con él.
Argumentó que se lo concedió y que luego el presidente Horacio Cartes pidió su cabeza ante el presidente de la Corte Suprema.
En julio de 2018, el exjuez de Santaní Crescencio Ocampos fue condenado por prevaricato a dos años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena por el caso Jarvis.
Ocampos firmó la medida el 22 de diciembre de 2017, pero recién el 26 se dio a conocer la resolución por los abogados del narcotraficante, cuando ya estaba todo listo para enviar a Pavão al Brasil, el 28 de ese mes.
Tras el escándalo que generó la acción de Ocampos, la Cámara de Apelaciones de San Pedro anuló el fallo y luego la Corte dispuso la intervención del juzgado de Santaní, así como la suspensión del magistrado, quien había solicitado vacaciones tras firmar el hábeas corpus.
El juez posteriormente renunció. El camarista Fernando Benítez confirmó a ABC que Ocampos padece de transtornos síquicos. Esto fue detectado durante el proceso por homicidio culposo que cometió el exjuez tras protagonizar un percance rutero.
El caso de la Granja
El juez de San Pedro Néstor Arévalo Zorrilla solo fue apercibido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Pese a que se comprobó que violó la ley para favorecer a un reo y que está a punto de afrontar una audiencia preliminar, tras la cual se resolverá si la causa se eleva a juicio.
Arévalo está acusado por la fiscala María Irene Álvarez por cohecho pasivo agravado (coima) y frustración de la persecución y ejecución penal.
La sospecha radica en que el referido magistrado recibía algún tipo de beneficio para él y para el club de fútbol que presidía, Deportivo Santaní, a cambio de trasladar desde la penitenciaría regional de San Pedro de Ycuamandyyú al narcotraficante Víctor Brítez Aranda, alias Chapaló, quien desde 2014 cumple una condena de 26 años de encierro, al sector denominado La Granja, ubicada cerca de la cárcel. El presidente del JRM Fernando Silva Facetti y el vice Jorge Bogarín Alfonso pidieron absolución.
Gremio de abogados denuncia plan para premiar a actuario involucrado en amaño
La Asociación de Abogados del Amambay (A.A.A.) dio a conocer un comunicado a través de las redes sociales de la institución, en el que asegura que la corrupción en el Poder Judicial goza de buena salud al sostener que las instituciones encargadas están orquestando un atropello. Alerta de que el actuario que se vio involucrado en la realización de la desinsaculación (sorteo) amañada fue absuelto por la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente integra una terna y está a pasos de ser nombrado como juez.
Si bien no especifica el nombre del actuario, se presume que se refiere a Bernardo Mongelos, ya que, es la persona que aparece con la jueza Mirta Estela Sánchez, en la foto anexada a la publicación.
El gremio exige además a los representantes del departamento, que cumplan con sus funciones y apliquen sanciones ejemplares a los que no cumplan sus funciones acordes a la naturaleza del cargo y advierte que de lo contrario haremos el ridículo inclusive ante organismos internacionales.
Jueza hizo su descargo
Justamente, esta semana se llevó a cabo la declaración ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la jueza Mirta Estela Sánchez, que, de un tiempo a esta parte, ganó el mote de “La maga del Palacio”, luego de que sea grabada manipulando los sorteos de jueces preopinantes en sonados casos llevados a cabo en Pedro Juan Caballero. En su descargo, dijo que lo que se ven en las imágenes “no son lo que parece” y que se han malinterpretado.
Expresó que los nombres de magistrados se ponen en diferentes cajas para evitar que salgan sorteados jueces que tengan causas de recusación o inhibición, ya que faltan magistrados en la Circunscripción Judicial de Amambay.
Agregó que las filmaciones fueron autorizadas por ella, justamente con la finalidad de transparentar los sorteos realizados.
Proceso es teatro, aseguran
Un grupo de 80 abogados remitió una nota al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en la que cuestionaron el proceso a esta jueza y califican de teatro el enjuiciamiento. También dejaron claro, que en caso de que la magistrada vuelva a ocupar su cargo, los abogados firmantes la recusarán en masa, ya que perdieron la confianza hacia ella.
Sospechoso nombramiento
El pleno de la Corte Suprema de Justicia, en fecha 23 de junio, designó a Álvaro Rojas Almirón como juez penal de garantías de Pedro Juan Caballero. El mismo se desempeñaba como fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales. La terna estuvo conformada, además del ahora designado, por Edgar Ramírez Rodas y Eutavio Larrea Acosta. Este último es el que mayor puntaje tiene, superando por 63 puntos al recién nombrado.
Precisamente, el abogado Eutavio Larrea, remitió a la Corte Suprema de Justicia un pedido de reconsideración. La nota refiere que, si bien el ministro Manuel Ramírez Candia dijo en Plenaria, que el puntaje no es vinculante en la elección de magistrados, también tiene más tiempo de ejercicio de la profesión y que en sus 21 años como funcionario nunca tuvo ninguna amonestación de sus superiores. Sigue diciendo que cuenta con dos maestrías en derecho penal y que el designado sólo tiene una.
Por último, solicita una aclaración sobre el criterio utilizado por la máxima instancia judicial para la designación de magistrados y si existe alguna antipatía que sirve de impedimento para su designación, ya que -según la nota- es la décimo cuarta terna que integra y no logra acceder al cargo.