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En conversación con ABC, el viceministro de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), Luis Orué, confirmó que es ilegal que empresarios del transporte remuneren a los choferes por recorrido del itinerario realizado, conocido también como “redondo”. Recordó que las compañías, ya sean de corta, mediana o larga distancia, están obligadas a pagar a los choferes el salario mínimo legal vigente más un 30% de plus, que da un total de G. 2.850.691. Así se establece en el Código Laboral, en el artículo 192.
Las declaraciones las dio al ser requerido sobre las suspensiones laborales que aprobó el MTESS a los transportistas y en particular, a las empresas que operan en el Área Metropolitana de Asunción (AMA).
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Orué expresó que es consciente de que al aprobar las suspensiones temporales de los contratos, se obligó al Estado a hacerse cargo de los empleados de transportistas, y que estos fueron reemplazados con “mano de obra barata”. “Estamos controlando el cumplimiento (de los derechos laborales) pero estamos en tiempo de pandemia y el sector ya está en crisis”, expresó.
Agregó que por la situación sanitaria el MTESS es un poco más flexible, pero aclaró que no es una flexibilidad absoluta, puesto que “hace poco multé por más de G. 300 millones a una empresa”, dijo, aunque no precisó cuál.
Tratos verbales ilegales
ABC recibió una denuncia de una persona que fue contratada por un transportista del AMA por “redondo” y a G. 450.000 a la semana, sin embargo se le pagó sólo G. 200.000. Al reclamar el monto restante (que de hecho está por debajo del salario legal para el rubro), se le respondió que si no le gusta puede dejar el trabajo. La fuente, que pidió resguardo de su identidad, expresó que los transportistas se aprovechan de la necesidad de la gente y el desempleo imperante para pisotear los derechos laborales.
Al respecto, el viceministro indicó que está al tanto de este tipo de tratos, que son verbales y que luego “los patrones obligan a los empleados a firmar recibos como si fuera un pago mensual”.
Los transportistas públicos reciben subsidios del Estado y también combustible con valor preferencial para que garanticen la prestación del servicio; además, al igual que los demás rubros, pueden enviar a suspensión temporal a sus trabajadores. Pese a todo los beneficios, estos no se traducen en un mejor servicio y los usuarios siguen sufriendo las “reguladas” de frecuencia en los distintos itinerarios.
Hasta la Central Obrera y Transporte del Paraguay y la Federación de Trabajadores del Transporte Terrestre (Fetrat) coincidieron en señalar que son múltiples los beneficios que reciben los empresarios y que los mismos no llegan a los trabajadores, sino que al contrario, cada día se desempeñan de manera más precaria.
A inicios de marzo y junio últimos, los transportistas mantuvieron en vilo a la ciudadanía con amenazas de un paro del servicio para exigir el aumento del precio del pasaje o del monto de la ayuda estatal. Los choferes se manifestaron en contra de la medida y exigieron al Gobierno que no ceda al chantaje de sus patrones.
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Desde hace meses se realiza una revisión de la tarifa técnica, fórmula mediante la cual se analizan los distintos items y variables que influyen en la fijación del precio del pasaje y el subsidio. Una de esas variables es salario pagado a los choferes, y que se contempla como gasto fijo junto a la cantidad de buses en circulación; las otras variables son cantidad de pasajeros y kilómetros recorridos. Con esta fórmula y la implementación de las tarjetas electrónicas para el pago de pasajes, el Gobierno prometió que se garantizará el trabajo digno en el servicio público.
Representante de Cetrapam suspendió a todo el personal
La Línea 15, Automotores Guarani SRL, suspendió a todo su personal reportado ante el MTESS desde junio del 2020 a marzo del 2021, conforme a un reporte de la institución. Sin embargo, el hecho de que haya enviado a sus hogares a todos sus colaboradores no fue impedimento para que la empresa cobrara subsidios de forma mensual durante la actual pandemia, según se constató en planillas del Viceministerio de Transporte. De hecho, la firma se ubica en el segundo puesto entre las que más dinero recibió desde marzo a la fecha (ver cuadro). El representante legal de la compañía es Elías Jure, el mismo que se encargó de negociar el paro del sector con el Gobierno.
Jure evitó dar declaraciones a ABC. Fue designado junto a César Ruiz Díaz y Mauricio Vasconsellos por el Centro de Empresarios de Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) para negociar con las autoridades nacionales los términos para levantar el paro anunciado para este mes. En marzo pasado, estuvieron además Alejandro Castorino y Julio Benítez, conforme con los comunicados que había socializado el gremio.
En los encuentros también participaron Alejandro Zuccolillo por la Confederación de Transportistas del Paraguay (Cotrapar); Ignacio Cárdenas y Esteban Dávalos, de la Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama) y Carlos Bogado, de la Federación de Transportistas del Área Metropolitana (Metropolitana). Todos ellos aparecen entre los que más reciben recursos del Estado, salvo Ruiz Díaz, quien es gerente de Cetrapam y no representa a ninguna empresa de transporte, aunque de manera extraoficial con se lo vincula con la empresa Transporte y Turismo de Lambaré SA (que también figura entre las más favorecidas).
Otro caso llamativo detectado fue el de Línea 38, representado por Gregorio Brítez, que reportó al MTESS que emplea solamente a 5 personas, pero suspendió a 159 trabajadores. Se trata de una cifra 31 veces superior a la que figura en los registros, lo que indica que alguno de los dos reportes tiene datos engañosos.
Es posible que haya más casos irregulares, pero el informe del MTESS no informó la cantidad de empleados de todas las concesionarias a las que otorgó suspensión.
ABC intentó volver a hablar con el viceministro Orué sobre los casos detectados de las Líneas 15 y 38 pero no se obtuvo respuesta. Tampoco se obtuvo respuesta de parte del Viceministerio de Transporte (VMT), cuyo titular es Víctor Sánchez, dependencia responsable de verificar que los beneficiarios de subsidios cumplan con las obligaciones laborales y tributarias para concretar los desembolsos.
La Contraloría General de la República ya había reportado en 2020 que el VMT aplica un deficiente control a los empresarios. Fue en una auditoría hecha para Ministerio de Hacienda en la que recomendó a esta cartera que verifique mejor el cumplimiento de las exigencias ante de concretar las transferencias.
Sin novedades de la tarifa técnica
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez sigue sin firmar el decreto que oficializa los nuevos criterios que se tienen en cuenta para la definición del precio del pasaje y del pago de subsidios a empresarios del transporte. De esta manera, el destino del dinero de los contribuyentes en este concepto se mantiene incierto.
Hace una semana y media, el viceministro Sánchez informó que el Consejo Asesor de la Tarifa Técnica llegó a un acuerdo unánime para levantar el paro del servicio y aclaró que no representa un aumento del valor del boleto del servicio. Sin embargo, la decisión de los integrantes del comité no tiene carácter resolutivo y es el jefe de Estado el que tiene la última palabra.
Difícil acceso a la información
Desde inicios de este año, cuando se intensificaban las “reguladas” de los transportistas que priva a los usuarios de la garantía de llegar a sus destinos a tiempo, ABC registra diversos inconvenientes para acceder a informaciones públicas vinculadas a sanción a los empresarios.
Se intentó además conocer el funcionamiento del Centro de Control y Monitoreo (CCM) del Billetaje Electrónico, que concentra la información generada a través del billetaje electrónico, tales como cantidad de usuarios y buses operativos y el kilometraje recorrido. Hasta ahora se niega la información, por razones de “confidencialidad”.
Al respecto, el experto uruguayo Gonzalo Marquez, fue consultado por ABC y se mostró sorprendido. Indicó que se trata de datos de interés para la academia y que la transparencia es una fortaleza institucional a la hora de realizar ajustes a la tarifa técnica.
A estos inconvenientes se suma el hecho de el Ministerio de Trabajo no reporta la cantidad de empleados que registra cada concesionaria, lo cual impide conocer con exactitud cuáles de ellas suspendieron de forma total a sus trabajadores y de igual manera cobraron subsidios.
De esta manera y a través de sus diferentes integrantes de Gabinete, Abdo Benítez evidencia una clara violación al artículo 28 “Del Derecho a Informarse” de la Constitución Nacional.
