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La presidenta de la comisión de Hacienda del Senado se reunió con los explotadores de las máquinas “tragamonedas” y se comprometió a indagar la denuncia contra la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), referente a la tercerización de servicios que corresponde a la institución. Las declaraciones las hizo vía Twitter, luego de reunirse con los comerciantes que denuncian la “privatización” del control y cobro de canon de parte de Conajzar.
Es que Conajzar contrató de forma directa a iCrop, representada por Humberto Acuña, para que lleve adelante un censo de máquinas, cobre un canon a los locales que tienen los “tragamonedas” e incluso, tiene potestad de explotar esta actividad. Cada negocio de este rubro debe pagar G. 300.000 al mes por traganamonedas, pero de esa suma, solo G. 80.000 va a Diben y G. 220.000 a la firma privada.
En la jornada del miércoles último, explotadores de juegos de azar de máquinas electrónicas “tragamonedas” salieron a las calles a protestar en contra de la Conajzar. Aclararon que no están en contra del pago de canon, pero que sea lo que corresponde.
La senadora Martínez se comprometió a indagar los términos del contrato y resaltó que la recaudación de Conajzar está destinada a la Diben para el pago de gastos médicos de la pandemia. “Es fundamental asegurar el cumplimiento de las obligaciones y que lo recaudado vaya al destino establecido”, expresó en conversación con nuestro diario.
Mencionó que con sólo una resolución, que es la N° 34/2020, la Conajzar transfirió sus funciones, y así también transfirió sus fuentes de financiamiento, lo que podría considerarse como una “privatización”. Lo correcto en todo caso, según lo explicado, hubiese sido que se promulgue una ley para esa privatización. “Las denuncias son muy serias, ya que señalan que si no pagan el canon, se incautan la máquina y luego la misma empresa que controla se convierte en proveedora. Es juez y parte”, dijo.
Añadió que resulta llamativo el monto que se cobra por máquina y que de los G. 300.000, sólo G. 80.000 queden para la Conajzar.
Lorena Rojas, vocera de los explotadores de tragamonedas, manifestó que si la intención inicial de Conajzar era regularizar y controlar la explotación de las máquinas, lo cual consideran positivo; sin embargo, en este sector sostienen que existen diversos mecanismos pero que en lugar de tercerizar, es la institución pública la que debe controlar. “Se trata de un contrato directo, sin licitación, con el cual se establece que cada empresario explotador de las máquinas pague G. 300.000 al mes por máquina, y de ese monto, sólo G. 80.000 va a Conajzar”, reiteró. Añadió que la compañía estima que existe 100.000 máquinas en funcionamiento.
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Rojas indicó que en caso de que alguien se niegue a pagar, la empresa incauta las máquinas “tragamonedas” y ella misma las utiliza, ya que además de controlar a las mismas es, a la vez, una explotadora del juego de azar. “Cómo es que se permite que sea juez y parte, es una jugarreta para ganar todo el mercado”, destacó.
Sospechan de lavado de dinero
La senadora Martínez consideró llamativo que Conajzar haya contratado de forma directa a iCrop, lo que da la potestad a la empresa a controlar y cobrar canon en nombre del Estado. Recordó que Conajzar es dependencia del Ministerio de Hacienda y para privatizarse, debería haber una ley. “La compañía controla la cantidad de máquinas y es, a la vez, una explotadora, es decir juez y parte. Entonces, ¿quién controla a iCrop?¿Qué certeza hay de que no este declarando ingresos por máquinas que en realidad no existen?”, reflexionó la senadora. Estimó que la empresa podría hacer figurar en el sistema “tragamonedas fantasmas” para limpiar el origen irregular del dinero.
Al respecto, el representante de iCrop, Humberto Acuña, respondió que cada aparato electrónico se encuentra georeferenciado y está disponible el dato en un software de libre acceso entre partes. Dijo que si bien la empresa no tiene nada qué ocultar, la información se debería solicitar a la Conajzar. No obstante, para dar datos él debe consultar a otros responsables de la compañía. “Yo sólo soy un abogado y me encargo de cuestiones legales, no manejo las cuestiones técnicas del software”, expresó.
En la página web de iCrop se puede apreciar un resumen de la resolución que le faculta controlar y cobrar, así como georeferenciar las máquinas del país. Sin embargo, los datos relevados no se encuentran disponibles.
Desde Conajzar, en tanto, siguen sin dar declaraciones sobre el tema. El presidente de la institución, José Ortiz, no respondió a los mensajes y llamadas enviados hoy a su celular.