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El diputado Tadeo Rojas (ANR, HC), presidente de la Comisión de Presupuesto, explicó que la norma establece que los funcionarios contratados aportarán el 3% de la remuneración definida y el aporte patronal será del 6,5%, calculando sobre la remuneración. Mientras que el aporte de los exfuncionarios, que ya se encuentran con una jubilación, será del 9,5% del haber jubilatorio percibido.
Rojas mencionó que los aportes forman parte de la Caja Fiscal de Jubilaciones. Mencionó que con la norma se pretende que dejen de tener un servicio médico privado para pasar al Instituto de Previsión Social (IPS).
El IPS deberá proveer de aparatos de prótesis y ortopedia de acuerdo al reglamento que dicte el Consejo de Administración. Si el empleador estuviere en mora en el pago de las imposiciones, el trabajador tendrá no obstante derecho a las prestaciones de servicios señalados.
El beneficio se extenderá al cónyuge del asegurado o asegurada activo o jubilado, los hijos solteros hasta la mayoría de edad, los incapacitados mientras dure la incapacidad, y los padres mayores de 60 años.
El proyecto de ley fue presentado por los senadores Fernando Silva Facetti (PLRA, llanista), presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y extitular de IPS y por el senador Enrique Bachetta (ANR, Añetete).
Informe favorable
Pese al colapsado sistema sanitario, autoridades del IPS dieron su visto bueno para incluir a más asegurados. Señalaron que el aumento en la cantidad de funcionarios públicos significaría un aporte adicional para los fondos actualmente deficitarios, por lo que se considera que la incorporación propuesta no es relevante frente a la capacidad de respuesta del seguro de salud.
El proyecto de ley ahora pasa a consideración del Ejecutivo para su veto o promulgación.
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