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Los exministros de la Corte Suprema Myriam Peña Candia, Miguel Bajac y Sindulfo Blanco hicieron lugar en 2016 a un pedido de acción de inconstitucionalidad de 126 marinos que pedían cobrar por sus jubilaciones más del tope establecido por ley, que es de 10 salarios mínimos. Esto derivó en el acuerdo y sentencia 1.917/16, que actualmente está suspendido.
La situación pone en riesgo los fondos jubilatorios del IPS, ya que el precedente jurídico podría hacer que cualquier aportante se sustente en esta medida de la Corte para exigir más dinero de lo que corresponde por ley como su jubilación.
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Raúl Vega, asesor de la Presidencia del IPS, dijo a ABC TV que, de momento, los fondos no corren riesgo porque el acuerdo no se aplica a raíz de una intervención que hizo la institución para defender los intereses de los demás aportantes. Recordó que la acción está suspendida y que la previsional dará batalla jurídica para que se dé marcha atrás.
“Esto (el acuerdo y sentencia) está ahora mismo en una instancia de suspensión porque se presentó una acción autónoma de nulidad con la medida cautelar y esa medida cautelar, en segunda instancia, está con efecto suspensivo; es decir, la acción de inconstitucionalidad está suspendida hasta que esto se pueda analizar”, sostuvo Vega para calmar a los asegurados.
El asesor añadió que se está “muy lejos todavía de entrar a ese escenario” en el que se podría pagar sin tope a los jubilados. “Nosotros entendemos que quedan aún varias instancias judiciales que tendrían que superarse. En un sentido legal, el IPS aún no está autorizado a realizar estos pagos (a los marinos)”.
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Refrendó lo dicho por el jefe de Asuntos Judiciales del IPS, Rodrigo Cañete, destacando que IPS interpuso, desde 2016, diversas acciones para no ejecutar el acuerdo y sentencia de los exministros de la Corte.
Pedro Halley, gerente de Prestaciones de la previsional, había dicho ayer que, de prosperar la decisión de la Corte, el IPS tendría fondos solo para cinco años más. Como una explicación sencilla, Halley dijo que los marinos quieren cobrar más del tope de los 10 salarios mínimos establecidos por ley (G. 22 millones) sin límite. Es decir, si ganaban G. 80 millones, cobrarían como jubilación esos G. 80 millones de forma mensual.
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Nancy Solís, sindicalista del IPS en proceso de jubilación, contó que entre los 126 marinos que impulsaron la acción el salario más bajo reportado era de G. 36 millones e iba escalando a G. 40 millones, G. 60 millones, G. 80 millones y G. 100 millones.
“Los que trabajaban en Itaipú y Yacyretá, que siempre ganaron bien, también van a hacer la misma acción y van a fundir todas las cajas jubilatorias del país. Le pedimos a la Corte Suprema que se haga alguien presente aquí y nos escuche”, alertó Solís.
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Desde el IPS indicaron además que quienes se verían afectados con esta decisión, si es que prospera, serían los aportantes jóvenes que se incorporan a la previsional.