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El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, habría señalado a varios medios de prensa el miércoles, que el tema indígena “es un tema profundo” y que el problema real no sería la falta de tierras. “Las comunidades indígenas están hoy solicitando más tierras, pero para arrendar. La Ley del INDI no permite el arrendamiento” (sic). Estas declaraciones fueron en el marco de los cuestionamientos que se dan en los últimos días sobre desalojos y pedido de compra de tierras de algunas comunidades indígenas.
La Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) emitió hoy un comunicado en el que sostiene que este tipo de afirmaciones provenientes de un alto funcionario gubernamental es “una afirmación temeraria y racista, que ante la opinión pública criminaliza las históricas luchas por acceder y/o recuperar tierras y territorios ancestrales a los que, por derechos colectivos recocidos por la Constitución Nacional y las leyes nacionales e internacionales, debemos acceder para garantizar nuestra supervivencia social, cultural y económica”.
El núcleo considera muy grave que un alto funcionario del Estado haga públicas expresiones “que desconocen el marco legal paraguayo y que con ello se incrementen las violaciones de DDHH de los Pueblos Indígenas por parte de los que están obligados a garantizarlos y protegerlos”.
La FAPI señala que las estadísticas nacionales demuestran fehacientemente que el Estado paraguayo “no garantiza tierras en cantidad y calidad suficiente a las comunidades y pueblos indígenas como lo establece la Constitución Nacional, cerca del 30 % no tiene aseguradas y muchas comunidades en ambas regiones del país no tienen tierras en cantidad y calidad suficiente”.
El comunicado señala además que esta situación está directamente relacionada a los alarmantes porcentajes de pobreza y pobreza extrema que padecen históricamente las comunidades indígenas del país.
“En correspondencia, recordamos que el Paraguay aún no ha dado cumplimiento a la Sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2006 en relación a la adopción de “las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un mecanismo eficaz de reclamación de tierras ancestrales de los miembros de los pueblos indígenas que haga cierto sus derechos sobre sus tierras tradicionales” (Sawhoyamxa Vs. Paraguay)”, puntualiza la Fapi.
Al mismo tiempo, el comunicado lamenta que el Defensor del Pueblo no haya realizado ningún tipo de acción “ante las expresiones agresivas que estigmatizan a los 19 pueblos indígenas que habitamos en el Paraguay”.
“Exhortamos a las autoridades de los 3 poderes a ejercer sus funciones desde el enfoque de derechos humanos y a precautelar los derechos de los Pueblos Indígenas y específicamente exhortamos al Señor ministro del Interior a rectificar sus dichos que atentan contra nuestros derechos y nos criminaliza a todos los indígenas que habitamos el Paraguay”, finaliza el descargo.