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Este jueves, el fiscal de Delitos Económicos, Osmar Legal, encabezó un allanamiento en las oficinas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en Asunción, como parte de las pesquisas sobre el derrumbe de un puente en la zona de Tacuatí, departamento de San Pedro, el pasado 9 de junio.
El derrumbe resultó en la muerte de tres personas: Juan Javier Alarcón Ferreira (40), Denis Leonardo Díaz (19) y María Wilma Villalba (63).
El fiscal Legal, que aún no dio detalles sobre el allanamiento de hoy ni los elementos incautados, comentó la semana pasada que está al tanto de testimonios y evidencia fotográfica que dejaban en claro que el derrumbe del puente era inminente y que la necesidad de mantenimiento de la estructura era obvia.
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“El puente avisó” que iba a derrumbarse, dijo en ese momento el representante del Ministerio Público, agregando que “no hace falta ser técnico para entender que el puente estaba en un momento de necesidad de mantenimiento y trabajo”.
El puente derrumbado, que permitía el tránsito de vehículos sobre el arroyo Lorito, fue construido en el año 2000 y el trabajo de mantenimiento más reciente que vio fue un recapado superficial culminado a principios de 2020.
Según comentó la semana pasada el fiscal Legal, la Municipalidad de Tacuatí alertó al MOPC de la necesidad urgente de reparar el puente.
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En ese sentido, la tarea de la Fiscalía en esta etapa de la investigación se centra en identificar a las personas que podrían tener responsabilidad jurídica en las muertes producidas por el derrumbe del puente, incluyendo a fiscalizadores del MOPC que mantuvieron el puente habilitado a pesar del estado en que se encontraba o responsables de la empresa contratista a cargo de la obra.
En principio, los hechos punibles investigados por el Ministerio Público son: homicidio culposo, exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos e intervenciones peligrosas en el tránsito previstos en los artículos 107, 205 y 216 del Código Penal.
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