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El representante de los trabajadores de transporte lamentó que al Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez no le importa el respeto de los derechos laborales, ya que en reiteradas ocasiones el gremio Fetrat informó a representantes del Gabinete del Ejecutivo que no se cumplen las normas establecidas en el Código Laboral, artículo 192. “Hace tiempo que denunciamos ante las autoridades que no nos pagan el salario que corresponde y que con la pandemia la situación empeoró”, dijo.
Explicó que junto con sus colegas comunicaron al viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, y al viceministro de Trabajo, Luis Orué, sobre esas situaciones irregulares, pero que hasta ahora nada hacen al respecto. “Todas las empresas están incumpliendo la normativa, ya sea por el contrato o la extensión del horario, y no tenemos respuesta. Estamos desamparados”, afirmó. Recalcó que este “pisoteo a las condiciones laborales” no fue impedimento para que sus patrones sean premiados con subsidios estatales, cuyos montos aumentaron en pandemia.
Los requisitos que los transportistas deben cumplir para acceder a los recursos públicos son, en teoría: Estar al día con el aporte obrero patronal al Instituto de Previsión Social (IPS) y con el pago de los impuestos, además de no figurar como morosos del Banco Nacional del Fomento (BNF), entre otros. Con esa obligación del seguro social se busca garantizar el pago del salario mínimo al personal, sin embargo, los trabajadores denuncian que las firmas cumplen en los papeles pero no en la práctica. Eso refuerza la observación que en su momento realizó la Contraloría General de la República, acerca del débil control por parte del Viceministerio de Transporte para ordenar los desembolsos a los empresarios de transporte público. Esa y otras observaciones se pueden leer en el informe final 626/19 del ente contralor, al que accedió nuestro diario.
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Gerardo Giménez dio estas declaraciones luego de que se detectara que la Línea 15, empresa Automotores Guaraní SRL, y Línea 38, Mcal. López, representadas por Elías Juré y Gregorio Brítez respectivamente, suspendieron a todo su personal durante meses (para que el IPS se encargue de ellos) pero al mismo tiempo cobraron subsidios. Todo indica que para estar de cierta forma “operativos” contrataron a conductores temporales para prestar servicio “en negro”. Y para colmo, aplicaron “reguladas” conforme a declaraciones de usuarios.
ABC consultó sobre estas denuncias a Orué y a Sánchez pero ninguno respondió al respecto. El monto del salario que se da al personal de los empresarios del transporte es una variable contemplada en la tarifa técnica, recientemente actualizada y puesta a disposición de Ejecutivo. Aún se aguarda el decreto que socialice oficialmente el valor del pasaje y subsidio a este sector, que sigue castigando a los usuarios con “reguladas”.
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