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El magistrado Elver Ruiz Díaz fundamentó su decisión en los artículos 4 (derecho a la vida) y 68 (derecho a la salud) de la Constitución Nacional, artículos 3 y 4 del Código Sanitario y los tratados internacionales ratificados por Paraguay en materia de Derechos Humanos, de cumplimiento obligatorio.
La acción fue radicada por la joven bajo patrocinio de la abogada Angélica Aguilera. En su presentación, la amparista relata que a los 12 años se le diagnosticó enfermedad de Crohn, a los 13 disfunción plaquetaria y a los 17, artritis reumatoide infantil.
“He tenido que soportar a la fecha 33 cirugías durante mi vida, de las cuales las más importantes han sido una colectomía total, actualmente con ileostomía, con frecuentes hemorragias intestinales y múltiples cirugías de recesiones intestinales. Además, una cirugía de reemplazo bilateral de caderas por necrosis avascular, con prótesis de vástago corto”, explica la presentación.
La amparista detalla además que recientemente se le ha detectado necrosis en ambos tobillos y rodillas, como así tiene afectado la ATM (articulación temporomandibular), codos, hombros y dedos y actualmente tiene previsto realizar un viaje a Buenos Aires para implantarse una prótesis de tobillo.
“Imagínese S.S. a tan corta edad ya no cuento con intestino grueso, ya no cuento con caderas y también perdí mis tobillos a consecuencia de alta dosis de corticoterapia y biológicos que me vuelve inmunocomprometida, más mi condición de discapacitada (capacidad especial), por lo que represento una paciente de alto riesgo por el tratamiento que recibo, conforme lo acredito con certificados médicos expedidos por los médicos tratantes tanto de Asunción como de la ciudad de Buenos Aires”, agrega.
Finalmente, la amparista solicita la intervención del juzgado a los efectos de acceder a la vacuna contra el COVID-19, en atención a que el Ministerio de Salud no previó la vacunación de jóvenes de grupos vulnerables.
“Independientemente de la edad, todos tenemos el inherente derecho a la vida, no se puede cargar a la ciudadanía con la desidia del Gobierno por su falta de gestión en la compra de vacunas, tampoco podemos ser responsables por la falta de posibilidad de adquirir las mismas por medios privados, pues como es de público conocimiento, el Estado monopolizó la compra y, por ende, la distribución de dichas vacunas, extremo que se puede constatar con la gran cantidad de compatriotas que a diario están viajando a países vecinos buscando salvaguardar sus vidas”, argumenta la recurrente.
Tras disponer la medida de urgencia, el magistrado Ruiz Díaz dio un plazo de tres días para que el Ministerio de Salud conteste la acción, tras lo cual deberá dictar la sentencia correspondiente.