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Los manifestantes que se apostaron frente al Congreso son empresarios explotadores de tragamonedas “que están en contra de la maniobra de la empresa iCrop porque el Consejo Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) tuvo la visión de que la máquinas tragamonedas son una realidad social que por efecto multiplicador abarca a más de 1.600 personas que viven de esta actividad. Al multiplicar 400 operadores por cuatro te da 1.600 personas”, dijo la abogada Rojas.
Argumentó que “la Conajzar vio la realidad social, pero la torpeza de construir desde la ilegalidad una legalidad, en el afán de buscar una solución, se cometieron grandes torpezas; una de ellas es la autonomía municipal”.
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Añadió que la gran problemática es la exposición de los menores de edad a estas máquinas electrónicas. “Nosotros representamos a salas de juego de azar pero nos acercamos a organizaciones ya establecidas que operan máquinas de calle y entonces les estamos apoyando a ellos”, explicó.
La abogada denunció que “la empresa Icrop explota la actividad, ya que su contrato les permite explotar, catastrar, censar y cobrar, tienen cuatro funciones. Ellos tienen sus propios negocios y les controlan a los demás. El control nunca debería ser facultad de una empresa privada, a no ser que pase por Contrataciones Públicas. Eso sí, porque esta concesión está mal otorgada, la intención -recalco- es genuina”.
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Y, por otro lado, siempre según Rojas: “Tienen una modalidad que dice intervención en la explotación, no entendemos bien qué significa, pero hoy ellos explotan. Lo grave de esto es la cantidad de denuncias por la mala gestión de los representantes comerciales de la empresa. Los representantes comerciales ilegales que manifiestan que estas máquinas dan una rentabilidad de G. 1.200.000 a G. 1.500.000 al mes, eso es una falacia, esos montos no se ven más hace ocho años. Hoy la rentabilidad de estas famosas máquinas chinas no superan los G. 500.000 mensuales”.
La vocera aseveró que eso significa que “si ellos aplican un canon de G. 300.000, y otra vez la modalidad es que se le tiene que condicionar al punto, ¿cuánto le queda al operador? Nada. ¿Y a qué se presta esto? A lo de siempre, cambia nomás la cara de la extorsión”, apuntó.
Opinó que es imposible pagar, ya que estas máquinas no superan los G. 60.000 de canon, no pueden pagar más porque la productividad no da porque hay demasiadas máquinas para una población tan reducida. “Se habla de 100 mil máquinas, que asusta... ¿Cómo vos controlás que son 100 mil, si ellos mismos se controlan? Porque Conajzar no tiene estructura para enviar fiscalizadores, Conajzar depende del Ministerio de Hacienda, no es autónoma Conajzar, que solo puede regular, está limitada”, subrayó.
Legalizar y recaudar
Conajzar intenta “legalizar” y “recaudar”, dijo la representante de empresarios explotadores de tragamonedas. “Lo que los compañeros reivindican es que queremos que se regule esta actividad, no queremos que estas máquinas estén expuestas a menores de edad, iCrop hoy no presentó ninguna solución para la exposición de máquinas a menores de edad. Hoy uno se va a una despensa y hay tres máquinas de iCrop y son legales. ¿A vos te parece que la dueña de la despensa le va a decir a una criatura ‘no juegues’, ya que ella puede ganar?”, ejemplificó.
También recordó que en el decreto 3.083, de hace cinco años, se estableció que las salas de juego, la única actividad que está regulada, pongan una divisoria con entrada independiente.
“Se le puede poner esa comodidad a los compañeros en una despensa con lugar aislado para la máquina y una entrada independiente. Se pone: ‘prohibido menores’, sin intermediarios”. Eso es lo que hoy están pidiendo estas personas, aseguró Rojas. “No intermediarios”, sino pagar el canon directo y proteger a los menores de edad. “Queremos hacer lo que iCrop no hace y lo que iCrop no contempla en su contrato, cinco años de concesión tiene. En ningún lado habla de prevención de los menores a la exposición de estas máquinas”, finalizó.