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La resolucion 12/2021 de la HJD menciona que esta familia, muy conocida en el distrito de Fuerte Olimpo y en todo el Alto Paraguay, viene sufriendo desde hace tiempo atropellos de parte de la justicia que se transforma en persecución a personas inocentes a través de manipulaciones de imputaciones amañadas y temerarias en contra de ellos, quienes viven desde hace más de medio siglo en esta zona, específicamente en la propiedad conocida como Korochire.
Los concejales departamentales decidieron emitir un manifiesto institucional en solidaridad con esta familia chaqueña, por lo hechos antijurídicos ocasionados por el Ministerio Publico por parte de funcionarios prevaricadores en una persecución temeraria que busca despojar de sus bienes a esta familia, asentada en este departamento desde hace 50 años.
Finalmente, los ediles exhortan a los órganos competentes a restituir el principio de legalidad conforme a derecho, rechazando toda acción contraria a la ley de la República. El comunicado lleva la firma de su presidente Iván Acuña y del secretario Ricardo Duarte.
En idéntica postura también los concejales municipales de Fuerte Olimpo realizaron un manifiesto, solidarizándose con la mencionada familia. Cuestionan el claro intento de despojar de forma injusta de sus tierras a esta familia con argumentos totalmente fuera de la ley.
Antecedentes
La familia Garcete Fleitas posee una propiedad de 12.000 hectáreas en la zona conocida como Korochire, distante a unos 160 km del casco urbano de Fuerte Olimpo. El sitio fue ocupado por el ya fallecido Ramón Garcete en el año 1962, dedicándose a la ganadería en pequeña escala. En el lugar nacieron varios de sus numerosos hijos.
En el año 2011 comenzó el calvario de esta familia cuando un grupo ligado al exsenador Óscar González Daher (ANR, cartista) se presentó alegando ser dueño de la tierra, dijo Alicia Garcete, una de las afectadas por este intento de despojo.
“En el 2016, una orden judicial nos impedía acercarnos a nuestra tierra donde vivimos todo este tiempo”, dijo la mujer, “razón por la cual perdimos 2.000 cabezas de ganado registrados en Senacsa”, lamentó.
“Tras una dura batalla judicial logramos en el 2019 recuperar las tierras, no así los vacunos, pero ahora de nuevo se inicia otra persecución judicial con el único objetivo de que abandonemos el lugar. Se trata de la misma rosca mafiosa”, relató la mujer.
En este sentido, el Ministerio Público, a cargo de la fiscala Stella Mary Cano, procedió a imputar y ordenar la detención de cinco personas, entre ellas la señora Camila Fleitas de Garcete, de 92 años, y sus hijos Alicia y Dionicio Garcete.
Las otras personas imputadas son José Asunción Ayala, quien actuó de testigo para avalar el arraigo de la familia Garcete Fleitas en el lugar, y el exjuez Aníbal Ortiz Granada, quien devolvió las tierras a esta familia.