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El senador criticó durante la conclusión del sumario a través de su cuenta en Twitter, indicando que hace más de dos años que presentaron el informe de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) del caso Darío Messer, concluyendo con pruebas documentadas que el brasileño lavó dinero a través de un esquema corrupto e individualizado a responsables y cómplices en el BNF y se derivó a la fiscalía, donde nunca el caso nunca avanzó.
“Pero ocurre ahora que el BCP luego de un sumario dice encontrar solamente “faltas administrativas” y lo peor es que determinó una multa de G. 10.000 millones al Banco Nacional de Fomento y no a los responsables que se habían individualizado en el informe”, criticó el senador.
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Señalan que sumario es montaje
Alegó además que mientras en la fiscalía sigue cajoneada la denuncia contra Messer, amigo del alma de Horacio Cartes, el BCP montó un sumario administrativo que sería un operativo blanqueo a plena luz del día y argumentando “secreto bancario” para ni siquiera entregar el resultado del mismo. “Esta resolución castiga a un edificio, a un ente del Estado que finalmente terminaremos pagando todos los ciudadanos, sin hallar a los responsables, lo oque evidencia una impunidad gigantesca”, refirió el senador.
El legislador manifestó que hasta el momento no han podido acceder a la resolución del BCP que dispone las conclusiones del citado sumario, ni se ha publicado en la página de la banca matriz como es habitual.
Seprelad tampoco accedió a resolución
Para el ministro de la Seprelad Carlos Arregui la conclusión y sanción aplicada al BNF constituye un elemento importante en el marco de la evaluación del Gafilat a nuestro país, sea que esta se recurra y se analizada nuevamente.
Arregui se excusó de dar mayores detalles sobre el contenido de la conclusión, ya que solo tomó conocimiento de lo publicado en la prensa y tampoco pudo acceder a la resolución 34ª acta 28 emitida por el BCP en fecha 4 de junio del corriente año que detalla y fundamenta las sanciones aplicadas.
Pereira defiende su gestión y cuestiona retraso del regulador
Por su parte, Carlos Pereira expresidente de la banca estatal (2015-2018) y actual titular del Ministerio de Urbanismo, vivienda y el Hábitat (MUVH) en comunicación con ABC Color reiteró que los informes con sospechas fueron remitidos durante su administración en el BNF a la Seprelad en el año 2015 y en todo momento se limitó a defender los procedimientos realizados desde el banco, así como también de las entidades desde donde se remesaron las divisas desde el exterior, por lo que considera que la sanción aplicada al banco estatal debería ser recurrida, tal como lo plantea el actual titular del BNF Manuel Ochippinti.
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Pereira dijo que le llamaba la atención el momento en que se realizó este sumario y que claramente, según el, tiene un tinte político, ya que ha pasado bastante tiempo desde la primera inspección que realizó el BCP (2018), sobre operaciones que se realizaron entre cuentas vinculadas a Darío Messer entre el 2011 y 2016. Alegó que desde ese punto, hay argumentos para atacar la disposición, ya que podría haber superado el plazo de prescripción que en trámites administrativos que es de 5 años.
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Millonarias transacciones
La Superintendencia determinó, con base en inspecciones preliminares hechas en el 2018 al BNF, que entre 2011 y 2016 las cuentas de Darío Messer y sus empresas (Chai SA y Matrix) recibieron un total de US$ 56.689.978, procedentes de distintas cuentas del exterior, principalmente de Bizantine Investments (Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo).
Si bien las operaciones de Messer en el citado banco estatal rondaban los US$ 56 millones, serían unos US$ 15 millones (G. 100.000 millones) los que finalmente no pudieron justificar o se tienen dudas sobre los documentos respaldatorios, según las especificaciones legales, por lo que se aplicó una multa equivalente al 10% de las operaciones reclamadas, unos G. 10.600 millones (US$ 1,5 millones).
Cabe señalar que el año pasado, el Banco Central del Paraguay había establecido una multa mucho más elevada para un banco privado, en comparación con la establecida al Banco Nacional de Fomento. En ese caso, la sanción considerada histórica fue de US$ 9,6 millones a la empresa Itaú, que pagó sin apelar el monto requerido.