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Los concejales liberales departamentales Roque Ávalos y Adrián Billy Vaesken, realizaron una exhaustiva investigación sobre la rendición de cuentas de la Gobernación de Central sobre el uso de un millón de dólares otorgado el año pasado a la institución por el Ejecutivo, para hacer frente a la pandemia y reactivar la economía en el departamento Central.
En el proceso descubrieron que la fundación CIAP, representada por Tadeo Álvarez, fue beneficiada por más de G. 5.000 millones y que presentó varias facturas aparentemente clonadas para justificar el uso del dinero público. Los ediles manifestaron que la Gobernación incluso tiene una Dirección de Rendición de Cuentas, pero que llamativamente, “no se dieron cuenta” de varias irregularidades cometidas por la ONG. Denunciaron el hecho públicamente y ante la Contraloría.
Al respecto, el concejal Roque Ávalos, se comunicó con Emilia Ovelar Giménez, propietaria de la firma Santo Domingo ubicada en la ciudad de Piribebuy, departamento de Cordillera, y la misma le confirmó que la ONG CIAP no es cliente de la firma y que nunca hizo una compra en el lugar. Ante el hecho, se realizó la denuncia correspondiente a la Fiscalía de Caacupé y en el marco de la investigación, el edil Ávalos será llamado a una declaración testifical el próximo lunes.
El concejal Roque, dijo estar tranquilo porque él solo cumplió con su rol de contralor. Dijo que el hecho de ser llamado para la declaración es parte del proceso. “Me convocan a mí porque yo le llamé a la dueña de la empresa para saber si la fundación CIAP es o no cliente del lugar. Además, por ley, la Gobernación no puede aceptar facturas provenientes fuera del departamento. No entiendo cuál es la función de su Dirección de Rendición de Cuentas si ni siquiera puede controlar esos datos básicos”, expresó Ávalos.
El documento apócrifo está hecho a mano y pertenece a la Distribuidora Santo Domingo, de donde la fundación CIAP adquirió supuestamente artículos eléctricos por un valor de G. 208 millones según factura 0005477 y materiales de construcción por un valor de 69.621.813 según factura número 0005479. Sin embargo, la empresa se dedica a la venta al por mayor de artículos de ferretería y calefacción, y no a la venta de materiales de construcción.
Afectados aseguran que facturas fueron clonadas
“Ingeniería SA” es una de las firmas afectadas cuya propietaria asegura que la factura de la empresa fue clonada. Los propietarios ya realizaron la denuncia correspondiente a la Unidad de Delitos Económicos de la Capital, para deslindar todo tipo de responsabilidades. El documento también forma parte de la rendición de cuentas de la Gobernación de Central sobre el uso de un millón de dólares otorgado por el Ejecutivo el año pasado.
Los comprobantes de “Ingeniería SA”, presuntamente apócrifos Nº 0003774, de fecha 8 de febrero de 2021 emitida en concepto de “fabricación de casetc móvil para personal administrativo en obra”, por el monto de G 20.500.000 y Nº 0003778, de fecha 5 de febrero también de este año en concepto de “contratación personal para trabajo de asfalto”, por el monto de G. 16.200.000, figuran a nombre de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP). Esta ONG, viene realizando varios trabajos para la Gobernación de Central desde el 2019 y está representada por Tadeo Álvarez Cristaldo.
“Realmente es una factura clonada y ya realizamos la denuncia en Delitos Económicos y también iremos a la SET. Las facturas que emitimos con ese mismo número emitimos a otra empresa en diciembre del 2020 y estas facturas son de febrero de 2021. El monto también varía”, expresó Verónica Benítez, propietaria.
Otra empresa afectada es AR Electricidad, ubicada en Asunción, que se dedica a la venta de materiales eléctricos, sin embargo, en la factura presentada por el gobernador Hugo Javier, se detalla que CIAP adquirió materiales de construcción para empedrado por el monto de Gs. 14.600.000. El asesor legal de la firma confirmó que se trata de facturas clonadas y por ende, falsas y que la numeración del comprobante denunciado pertenece a otro cliente y por un monto menor, G. 780.000. CIAP tampoco es cliente de AR Electricidad. El caso fue denunciado a la comisaría 15 de Central y a la SET.
Gobernador alega persecución política
El gobernador Hugo Javier se lavó las manos por el caso de las facturas presuntamente clonadas por la ONG CIAP, que ejecutó obras en el marco de la reactivación económica. Aseguró que ni él ni la Gobernación, tienen “responsabilidad jurídica” en caso de que se compruebe la ilegalidad de los papeles.
El cartista Hugo Javier, aseguró que los concejales liberales Adrián Billy Vaesken y Roque Ávalos, solo están molestos con él y sería ese el origen de la “persecución política”.
Al respecto, ambos ediles aseguran que no existe ninguna persecución, sino que simplemente cumplen con sus funciones de contralores. Además agregaron fueron los mismos dueños de las empresas afectadas quienes aseguran que las facturas fueron clonadas.
El gobernador también expresó que la Contraloría está verificando los papeles y -en caso de comprobarse la ilegitimidad de las boletas- exigirán el reembolso. Sin embargo, deslindó responsabilidades como organismo encargado de la planificación de las obras y los fondos, asegurando que solo la ONG debe rendir cuentas.
El gobernador trató de justificar la millonaria transferencia hecha a la ONG, y dijo que en el marco de la reactivación económica por la pandemia necesitaban salidas más rápidas y que por eso no llamó a licitación sino contrató directamente a CIAP.