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El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, adelantó este miércoles a ABC que se prevé la ampliación del estado de emergencia para poder seguir implementando las medidas establecidas actualmente y apoyar los diversos programas.
De acuerdo con la Ley N° 6702/2020, que amplía los artículos 1°, 6°, 10°, 11°, 12°, 20°, 42°, 43°, 44° Y 45° de la Ley N° 6524, el estado de emergencia culmina el próximo 30 de junio, pero de aprobarse el referido proyecto de ley seguirá hasta el 31 de diciembre.
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Llamosas explicó que casi todos los artículos de esta referida ley son los que se solicitará mantener en vigencia, de tal modo que el Instituto de Previsión Social (IPS) pueda seguir pagando a los trabajadores formales, también para realizar contrataciones temporales de personal de salud bajo el régimen de excepción.
Compras y control de gastos
Asimismo, mantener las compras públicas simplificadas para salud, control de gasto y monitoreo de parte de la Contraloría y otros organismos de control, así como la rendición de cuentas al Congreso y la Contraloría General de la República.
Con la extensión del plazo de la referida ley, también continuará en vigencia la ley que crea el Fondo Nacional para la cobertura de gastos de hospitalización de pacientes con covid-19 internados en UTI y la ley de Gasto Cero.
En cuanto a estas leyes, los fondos se estarían acabando en breve de acuerdo a las previsiones de Salud Pública y, según el ministro de Hacienda, ya se está trabajando en una alternativa de financiamiento de unos US$ 40 millones aproximadamente, agotando primero la instancia de recursos disponibles en el presupuesto o que puedan estar a disposición.
Reactivación económica
El proyecto de ley de consolidación que se pondrá a consideración del Parlamento contempla, entre otros puntos, medidas para atender la crisis sanitaria, mitigar los efectos de la pandemia y apoyar la reactivación de la economía.
La implementación del plan demandará unos US$ 365 millones y se financiará con recursos disponibles en el presupuesto, mediante la reasignación y la generación de mayor eficiencia en su utilización a través de una racionalización, por lo que no incluye un nuevo endeudamiento público, de acuerdo con el informe de Hacienda.
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Los fondos se distribuirán de la siguiente manera: US$ 264 millones para salud y programas sociales; US$ 45 millones para el Instituto de Previsión Social (IPS) para el subsidio a trabajadores formales suspendidos.
Incluye US$ 8 millones para subsidio del 50% del consumo de ANDE y Essap por seis meses para los sectores gastronómicos, eventos, turismos, hoteles y servicios, entre otros; US$ 20 millones para el fondo para mipymes y cuentapropistas; US$ 25 millones para el Fogapy; y US$ 3 millones para la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).