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El diputado del departamento de Presidente Hayes Enrique Mineur (PLRA), quien presidía la sesión al momento de tratarse el punto en cuestión, anunció que en sala hay “una suficiente mayoría”, sin especificar el número concreto de votos.
La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) decidió revelar sus cuentas a la Contraloría General de la República mientras que Itaipú planteó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie si viola o no el Tratado firmado con Brasil la divulgación de las finanzas del ente hidroeléctrico.
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En el punto 6 del orden del día se incluyó el proyecto de ley que dispone el procedimiento de control, vigilancia y fiscalización de las cuentas nacionales, los bienes y el patrimonio de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá de conformidad a lo dispuesto en los artículos 281, 282 y 283 de la Constitución Nacional.
Al inicio, el diputado Roberto González (ANR-Añetete) pidió la suspensión del tratamiento de dicha normativa porque a su parecer “existía un error de tipeo” en los artículos de la Carta Magna, y tras pedir que se leyera por parte del Secretario de la Cámara de Diputados los artículos señalados, el diputado se dio cuenta de su confusión y que él estaba leyendo los artículos 181, 182 y 183 de la Constitución Nacional. Se disculpó ante el pleno y retiró su pedido.
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Las diputadas Kattya González (PEN) y Celeste Amarilla (PLRA) durante su alocución denunciaron que hubo intentos por parte de colegas suyos, sin mencionarlos, de dejar la sesión sin quórum. Ello derivó en la verificación de los presentes en la sesión, dos veces, constatándose que estaban 42 legisladores, entre los conectados desde la distancia y los presentes en la sala de sesión.
El debate prosiguió con un encontronazo entre el diputado Walter Harms (ANR-HC) y la diputada Celeste, cuando aquel salió en defensa del Partido Colorado cuestionando a quienes quieren responsabilizar de “todos los males del Paraguay” a dicha agrupación, a la cual incluso quiso desvincular del régimen stronista, olvidando que el dictador Alfredo Stroessner sigue figurando como presidente honorario del Partido Colorado en el sitio web. Apuntó sus críticas a la oposición, en alusión al difunto esposo de la legisladora Franklin Boccia quien se desempeño como director de Itaipú, señalando que en ese periodo no se realizaron auditorías a las binacionales. Amarilla confirmó la afirmación de su colega colorado, pero aseguró que las administraciones posteriores, sí auditaron Itaipú y no hallaron inconsistencias.
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El diputado Fernando Oreggioni (PLRA) lamentó que se haya tenido que aprobar una ley para “hacer lo obvio” recordando que durante la presidencia de Nicanor Duarte Frutos se realizaron auditorías a las binacionales con el respaldo del Congreso de ese entonces, así como de la Presidencia de la República.
El diputado Derlis Maidana (ANR-HC) puso en tela de juicio la objetividad de la Contraloría, señalando que en años anteriores, los auditores preguntaban a los administradores de entes si querían una resolución a medida, recalcando que “la Contraloría haga un trabajo objetivo a favor de la ciudadanía para que se auditen todas las cuentas”.
Lo que establece la ley
Los diputados aprobaron la versión de la Cámara de Senadores de la propuesta, la cual señala en el primer articulo que la Contraloría General de la República realizará el control, la vigilancia y la fiscalización de las cuentas nacionales, los bienes y el patrimonio.
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En el siguiente artículo se establece que el ente dictará una resolución en la cual establezca los protocolos y procedimientos para el cumplimiento de los fines de esta legislación; los cuales deberán prever, al menos dos auditorías anuales, una financiera y otra de obras, a las entidades binacionales Itaipu y Yacyreta; debiendo elevar inmediatamente los informes y resultados a ambas Cámaras del Congreso Nacional; cuyos titulares remitirán en un plazo máximo de cuarenta horas de recepcionado el informe del ente contralor a las comisiones que posean función técnica y contralora para su análisis correspondiente”.
En el tercer artículo la ley dicta que si la binacionales no remiten la documentación requerida dentro del plazo, la Contraloría solicitará la intervención judicial pudiendo incluso pedir órdenes de allanamientos con ayuda de la Policía, para acceder a los registros.