La Corte oculta auditoría del caso Óscar Venancio Núñez

La Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional hizo una auditoría sobre el proceso de Óscar Venancio Núñez, acusado por una tragada de más de G. 43.000 millones a la Gobernación de Presidente Hayes durante su gestión como gobernador. Las conclusiones de dicho análisis fueron entregadas en noviembre del año 2020 al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema. Sin embargo, hasta la fecha ningún abogado fue sancionado por las múltiples chicanas planteadas.

Óscar Venancio Núñez, exgobernador de Presidente Hayes y actual precandidato a intendente de Benjamín Aceval.
Óscar Venancio Núñez, exgobernador de Presidente Hayes y actual precandidato a intendente de Benjamín Aceval.Archivo, ABC Color

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El programa Expediente Abierto de ABC TV pidió copia de las conclusiones de la auditoría realizada en el caso Óscar Núñez, pero en la Dirección de Auditoria de la Corte respondieron que ya fueron entregadas al Consejo de Superintendencia. En esa dependencia, el secretario Alex Almada solicitó que se haga un pedido por escrito al Consejo o mediante la Ley de Transparencia para tener acceso al documento.

También se hizo un pedido al director de Comunicación de la Corte, Luis Giménez, quien el jueves de la semana pasada dijo que respondería inmediatamente, pero hasta la fecha no lo hizo.

En la última sesión del pleno del máximo tribunal el ministro Alberto Martínez Simón pidió a sus colegas que los abogados chicaneros sean sumariados, teniendo en cuenta que debido a las chicanas planteadas por las defensas, hasta ahora fue suspendida en 29 ocasiones la audiencia preliminar, en la que el Juzgado debe resolver si eleva a juicio oral.

La petición del ministro Martínez Simón evidencia que la auditoría en el caso detectó irregularidades, por lo que no se explica por qué ya no se aplicaron sanciones a los abogados que dilatan el caso con sus chicanas.

La Sala Penal de la CSJ debe resolver la recusación que planteó el coacusado Emigdio Benítez Ortiz (perjuicio de más de G. 11.000 millones) en contra de los camaristas que deben resolver la recusación del juez Christian González.

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