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Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), que tiene su sede en Nueva York y Control Risks, en Londres, publican la tercera edición del Índice de CCC. Publicado por primera vez en 2019, el índice evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para detectar, castigar y prevenir la corrupción.
El informe señala que en lugar de medir los niveles percibidos de corrupción, el índice CCC evalúa y clasifica a los países en función de la eficacia con la que combaten la corrupción. Indica que se considera que “los países con una puntuación más alta tienen más probabilidades de que los actores corruptos sean enjuiciados y sancionados”. Agrega que “la impunidad continua es más probable en los países situados en el extremo inferior de la escala (es dónde se ubica Paraguay, ver infografía).
Informe sobre Paraguay
Sobre Paraguay refiere “que sigue siendo uno de los países con peor rendimiento en la clasificación general”. Consigna que en “las categorías de democracia e instrucciones políticas y de capacidad jurídica, ocupa el antepenúltimo lugar. Señala que “la politización de las instituciones judiciales es un problema persistente”. “Paraguay solo se sitúa por encima de Bolivia y Venezuela en la variable que evalúa la independencia judicial”. Añade que “en febrero de 2021, los medios de comunicación y la sociedad civil cuestionaron el nombramiento de César Diesel para el Corte Suprema de Justicia por sus supuestos vínculos con el vicepresidente Hugo Velázquez”, consigna el estudio estadounidense.
“Dentro de la categoría de capacidad legal, Paraguay experimentó el mayor descenso en el acceso a la información pública, el cual se redujo en un 16%. La percepción de falta de transparencia en los gastos de emergencia y el supuesto mal uso de los recursos públicos para luchar contra la pandemia desencadenaron grandes manifestaciones contra el gobierno en marzo de 2021. Cuatro ministros del gabinete fueron reemplazados y el presidente Mario Abdo Benítez sobrevivió a un intento de destitución, el segundo desde que llegó al cargo en 2018”, señala el informe.
Agrega que “los niveles de desconfianza hacia los funcionarios e instituciones públicas persistirán mientras el gobierno se esfuerza por hacer frente a la pandemia y por adquirir vacunas”.
Indica que “las sospechas de cualquier práctica de corrupción pueden conducir a una mayor inestabilidad política”. Añade que “la implementación de la lucha contra el lavado de dinero sigue siendo un desafío para Paraguay, pero la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) ha mejorado la capacidad del país para enfrentar este problema, aprobando regulaciones en noviembre de 2020 para evitar que los grupos terroristas utilicen el sistema financiero nacional”.
“Los funcionarios tratarán de reforzar aún más las capacidades de lucha contra el lavado de dinero antes de que se produzca la visita del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a finales de 2021. Paraguay es un centro clave para el tráfico de drogas y el lavado de dinero para los grupos delictivos organizados brasileños, en particular para el Primer Comando de la Capital (PCC). Su presencia en Paraguay debilita aún más el entorno de anticorrupción del país”.
Recolección de datos y fuentes del informe
El Índice CCC abarca diferentes aspectos del entorno anticorrupción de los países, desde la independencia del poder judicial y de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, hasta la calidad de las leyes que rigen los grupos de presión y la financiación de las campañas.
La puntuación se compone de tres categorías: Capacidad jurídica, Democracia e instituciones políticas y Sociedad civil y medios de comunicación. El informe señala que los datos introducidos en el modelo del índice proceden de dos fuentes: datos públicos generados o recopilados por instituciones de renombre (Harvard, Banco Mundial, Unesco, entre otros), y una encuesta realizada por Control Risks y otros expertos.